"Nosotros no podemos determinar los sueños futuros de nuestro país", sostuvo la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, tras darse a conocer la imposición del En contra en el plebiscito constitucional.
La declaración apuntó a una pregunta formulada respecto a si, con el portazo del Ejecutivo a un tercer proceso constituyente, concluye en anhelo oficialista de erigir una Constitución escrita en democracia.
El hastío de la ciudadanía, el intenso calendario de elecciones y el trabajo que se busca apremiar sobre las urgencias del país, son los argumentos que expone el Gobierno y sus partidos para comprometer que no empujaran un nuevo itinerario constitucional. No obstante, en el Ejecutivo no se aventuran a prometer que sostendrán esta voluntad luego de los dos años que restan de esta administración, lo que concita la reticencia de la oposición.
Así dio cuenta el presidente de la UDI, Javier Macaya. "A mí me preocupa mucho cuando veo que las declaraciones que la ministra vocera, de los principales dirigentes de la izquierda, señalan de que esto queda cerrado por los próximos dos años ¿Qué nivel de compromiso es eso? ¿Qué coherencia, qué estabilidad para el cierre del proceso constituyente, es decir que esto se cierra por los próximos dos años?", cuestionó.
Hoy, la titular de Segegob profundizó en los motivos que tiene el Ejecutivo para acotar la promesa. "Lo que pasa es que nos quedan dos años de Gobierno, no podemos comprometer lo que vaya a ser, no somos voceros de un candidato o candidata presidencial", adujo.
"Lo que sí le podemos decir es que hay un compromiso transversal político de que no hay espacio para nuevos procesos constituyentes y eso hace una convicción transversal en las fuerzas políticas que hoy día tienen representación en el Parlamento", destacó, recalcando que "no hay espacio para un nuevo proceso constituyente y el resto es hacer política ficción".
Oficialismo
Fuera del Ejecutivo, dirigentes del oficialismo sostienen el compromiso de no levantar un tercer proceso en lo que resta de Gobierno, tal y como prometieron en una declaración pública suscrita por los 10 Partidos previo al plebiscito. No obstante, hay quienes han dejado patente su disconformidad con la Carta Magna vigente.
Así, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo a La Tercera: "Que nadie juegue ninguna trampa, la votación fue contra el proyecto, no a favor de la Constitución del 80. El voto se llamaba 'En contra' y no era un voto a favor del 80".
Explicando la definición de acotar el compromiso a lo que queda de Gobierno, el líder de Comunes, Marco Velarde, dijo a Emol TV que "es un plazo realista que se puede comprometer, porque ese es el período donde, no solamente somos Gobierno y el Presidente tiene que enviar el mandato al Congreso, sino que también es el periodo legislativo en el que también actuamos".
"Con nuestros actuales senadores y diputados nos comprometemos a eso. Posteriormente, yo creo que igual hay que dejar un tiempo, pues antes de iniciar cualquier otro camino de este tipo, tenemos que centrarnos en las urgencias sociales", añadió, apuntando a que "esto no tiene que ser tema por el momento y además, porque no hay posibilidad de llegar a un acuerdo constitucional".
Por su parte, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, consideró que "parecería absurdo que (el Gobierno) comprometa a futuras administraciones". "Es importante leer las necesidades de la ciudadanía, nadie puede predecir el futuro", afirmó.
Con todo, otras voces de la izquierda ya se oponen al portazo que el oficialismo ha dado a reanudar el intento por aprobar una nueva Constitución. Fue el caso del Gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.
"Lo voy a decir en estos términos, me parece muy ufano que haya autoridades que plantean de que aquí el proceso constituyente se cierra", aseveró, advirtiendo que "no podemos cerrar este proceso porque sigue siendo un anhelo. Los mecanismos que se han empleado el pueblo los ha rechazado y ampliamente. Plantear que el mecanismo se cierra por decreto, son cuestiones que la ciudadanía rechaza".
