El diputado Rubén Oyarzo (PDG) logró reunir las 62 firmas para solicitar la creación de la comisión investigadora Caso Convenios 2.0 con el objetivo de recabar antecedentes de los actos de Gobierno, en especial de los Ministerios de Hacienda, Culturas, Desarrollo Social y de las Secretarías Regionales Ministeriales de dichas carteras en Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Valparaíso, Maule, Biobío y la Araucanía, cuestionadas en el marco de la entrega de fondos públicos a entidades privadas como ONG, fundaciones o corporaciones.
A juicio de Oyarzo “quedamos cortos con la comisión investigadora anterior. Obviamente que aquí faltaron casos (…) Entonces, por eso hemos creado con una bancada transversal de distintos diputados esta comisión investigadora especial de Convenios 2.0. Esto se justifica porque solamente en la otra vimos el caso de Antofagasta y Democracia Viva. Y aquí hay más casos, hay más fundaciones, hay más universidades, hay traspasos de dinero que se tienen que justificar y tenemos que seguir investigando porque el caiga quien caiga tiene que ser real, tiene que ser transparente y ante la corrupción todos tenemos que estar alineados”.
El documento que se dará cuenta mañana en la Sala de la Cámara de Diputados cuenta con firmas de diputados del Partido Republicano, la UDI, Evópoli, Demócratas, la Democracia Cristina, el Partido de la Gente, el Partido Social Cristiano y el PPD. Además de los parlamentarios Pamela Jiles (Partido Humanista) y René Alinco (IND)
Posteriormente se definirán los miembros de la instancia, se instalará y se escogerá a un presidente.
En el documento se especifica que “es necesario conocer cuales son los estándares para la entrega de dineros y los motivos por los que una entidad sin experiencia ni expertíz puede recibir una gran cantidad de dinero por parte del Estado”.
“Debemos recabar la mayor cantidad de antecedentes sobre las entidades receptoras de fondos públicos que se están viendo beneficiadas y la calidad del trabajo que ejecutan”, se añade.
Cabe recordar que la comisión investigadora que se enfocó en recabar información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo finalizó y ya elaboró un informe final que aún no ha sido sometido a votación por el hemiciclo de la Cámara de Diputados. En ese se acusó de “reprochable inobservancia" por parte del jefe de la Cartera, Carlos Montes.
