Hallazgos de cadáveres, secuestros extorsivos, balaceras y homicidios por ajustes de cuentas, todo, con una violencia que dista de lo que hace al menos cinco años se observaba en el país. Y es que este tipo de delitos son los que han agudizado la llamada crisis de seguridad, y que incluso han llevado a algunas voces a hablar de la "peor crisis en décadas".
Así al menos lo planteó el gobernador regional de la RM, Claudio Orrego, quien junto a la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) pidieron la semana pasada crear un gran Pacto Nacional por la Seguridad y el Bienestar de los habitantes del país. Además, solicitaron tomar una serie de medidas urgentes para poder combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado.
Quienes también han levantado nuevos llamados de alerta y solicitud de "medidas extraordinarias" ante este flagelo, son los alcaldes. Poco antes de la solicitud de los gobernadores, algunas zonas como La Reina y La Florida levantaron sus propias
"emergencias comunales", situación que fue cuestionada por Gobierno a inicios de diciembre.
Pero el crimen a un menor de cinco años en la comuna de Padre Hurtado, no hizo más que agudizar las críticas ante la forma en que se está enfrentando la crisis. En Pedro Aguirre Cerda, en tanto, dos homicidios en menos de 24 horas no hicieron más que subrayar la "ola de violencia" -en palabras de su alcalde, Luis Astudillo- que se vive en distintas comunas del país. Esto, sumado a la presencia del narco y el avance del crimen organizado.
Si bien el alcalde reconoció que efectivamente, desde la implementación del Plan Calles sin Violencia se vio una disminución de los delitos, la preocupación radica en el aumento de la violencia con que éstos se cometen. "Y por eso sigo insistiendo en que existan medidas extraordinarias, que podamos tener un plan para poder desarmar las poblaciones", dijo Astudillo el martes a Radio Universo.
El jefe comunal incluso añadió un ejemplo más ilustrativo de los efectos de la violencia: "eso es lo que genera mayor sensación de inseguridad, y eso es lo que hace que ya las personas, en mi comuna y otras partes, se han autoimpuesto un toque de queda y empiezan a entrarse más temprano, empiezan a quedarse en sus casas, en lugar de estar ocupando el espacio público y participando de las distintas actividades que nosotros organizamos".
En tanto, ayer el vicepresidente del PS, Arturo Barrios, dijo durante un seminario una frase que causó revuelo: "a mí no me pueden hablar de territorialidad, porque yo hago territorialidad y trabajo con el narco para poder entrar a trabajar con los niños y las niñas. Tengo pactos con el narco para poder entrar a trabajar a las poblaciones. Un niño mío fue baleado por el narco".
Si bien Barrios rectificó sus dichos, y explicó que apuntaba a que "ante la ausencia del Estado, cuando uno trabaja en una población, de una u otra forma, hace las denuncias y hay poco Estado para absorverlas", la frase generó el rechazo de la oposición, quienes condenaron que la "política pacte con el narco", e incluso se interpuso una denuncia ante Fiscalía.
Pero más allá de la discusión política, se trata de ejemplos que de todas formas, no resultan baladí al momento de revisar las causas y efectos del incremento de la violencia y la presencia del narco que, en un ritmo acelerado, poco tramo parece dejarle al Estado para actuar. Y es, precisamente de ese "espacio" que toda "privatización" dolosa del espacio urbano se beneficia.
Un crimen organizado nacional "más complejo y consolidado"
"Efectivamente, hay un fenómeno que está existiendo, donde hay barrios y zonas donde el poder del grupo del crimen organizado nacional se ha instalado", dice Pilar Lizana, experta en seguridad y analista de AthenaLab.
La experta hace énfasis en que si bien hoy operan en Chile células del crimen organizado transnacional, como la del Tren de Aragua, hay otros grupos del crimen organizado local que operan con mayor incidencia en determinados territorios.
"Hoy, lo que tenemos en Chile, es un panorama mucho más complejo en cuanto el crimen organizado nacional. Se están potenciando las bandas, tienen más poder, están logrando controlar más territorio, la cárcel ya no es inhibidor del delito, y a eso, se le suman todos los delitos que estamos importando. Si le agregamos un contexto de corrupción, es aún más grave".
Pilar Lizana, experta en seguridad, AthenaLab
Por ejemplo, en Las Praderas, en Peñaflor, zona que era controlada por
Sabrina Durán, alias la "Ina" -quien murió en una encerrona en Padre Hurtado a fines de octubre-; o el Clan de los Marchant, conocida banda narco que en junio de este año incluso desafiaron al Presidente Gabriel Boric tras el anuncio de la demolición de mausoleos narco: ellos mismos destruyeron la animita de Diego Marchant, dejando carteles con consignas como "Bukele de cartón".
"Estos grupos han distorsionado el panorama en seguridad y han reemplazado al Estado en muchos sentidos, especialmente en cuanto a servicios que el Estado no le entrega a la población. Si ese grupo narco que controla un sector, necesita generar una red de seguridad que les entregue información, va a ir entregando a los mismos vecinos, las soluciones que el Estado no les da, y de esa manera, compran las confianzas", detalla Lizama.
Si bien hace décadas se conoce de barrios o poblaciones donde "no entra Carabineros" debido a la peligrosidad de las zonas, la analista plantea que hoy el fenómeno es mucho más consolidado, puesto que no se trata de bandas amateur, sino que "se trata de bandas nacionales que se han complejizado". Es más: al consolidarse este fenómeno, otros grupos comienzan a replicar estas conductas, sumado a los 'nichos de aprendizaje' que se generan dentro de las cárceles, y que terminan por dejar sus consecuencias en las calles.
"Hoy, lo que tenemos en Chile, es un panorama mucho más complejo en cuanto el crimen organizado nacional. Se están potenciando las bandas, tienen más poder, están logrando controlar más territorio, la cárcel ya no es inhibidor del delito, y a eso, se le suman todos los delitos que estamos importando. Si le agregamos un contexto de corrupción, es aún más grave. A mayor corrupción, más fácil es permear al Estado", cerró.
La "deuda" de la poca regulación
El problema de la violencia y la instalación del narcotráfico en las poblaciones es multifactorial, y obedece tanto a temas relativos a educación, oportunidades, y planificación urbana; todas, dimensiones que, ancladas en lo social, van dejando espacio para que operen grupos criminales que se instalan como "proveedores" de un "beneficio" para una barrio o población.
Desde la dimensión territorial y urbanística,
Uwe Rohwedder, director de la carrera de Arquitectura de la U. Central y miembro del directorio nacional del Colegio de Arquitectos, desglosa el fenómeno a partir de la "deuda histórica en la falta de regulación del crecimiento urbano, incluyendo incluso el que se normalice que existan personas sin vivienda. Y cuando se han hecho proyectos, y en esto destaco que el Estado somos todos, tampoco han sido buenos. Todas las políticas de vivienda no han sido buenas soluciones".
Eso, comenta, ha llevado a la creación de "no-barrios", zonas densificadas rápidamente cuyos efectos e impactos no siempre son medidos. Si a eso se le agrega un factos socioeconómico complejo, "aparece el no-Estado, y cuando no tenemos el Estado, puede pasar cualquier cosa. Y nos encontramos con estas esta frase del narco, que es súper dura, donde ellos manejan recursos, aparecen solucionando cosas (...) Es como el Robin Hood, pero bastante malo".
En la misma línea, Alberto Texido, arquitecto, académico de la U. de Chile, y miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) plantea que hay elementos que constituyen una suerte de "enfermedades" que potencian el fenómeno.
"Estamos observando una tendencia que va en contra de la ciudad integrada, y obviamente los procesos asociados a delincuencia, en este caso narco, implican inseguridad, privatización del espacio público y desintegración, y esos son fenómenos inconvenientes que tienen experiencia internacional que han sido resueltos a través de acciones intersectoriales", comentó.
Texido explica que el concepto de "privatización del espacio público" también aplica en este tipo de situaciones, pues más allá de la clásica idea de "privados comprando predios o barrios", "al final la delincuencia también es privatización, donde el espacio queda exclusivo para algunos y los que no pertenecen al grupo, son expulsados".
