Luego de varios anuncios, el pasado martes, partidos de oposición presentaron la acusación constitucional contra el
ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a raíz del escándalo por el Caso Convenios y los hechos que agudizaron la polémica antes del Plebiscito.
Lo anterior, a raíz de las detenciones y formalizaciones del ex director de Democracia Viva, Daniel Andrade, y del ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras; ambos en prisión preventiva. A ello, se sumaron las declaraciones que dio a fiscalía la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien afirmó que emitió un informe para Montes con las irregularidades del caso antes de que éste estallara en la prensa.
Así las cosas, el martes, se llegó a un libelo de consenso que contó con el respaldo de las bancadas de diputados
Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido de la Gente (PDG).
El documento cuenta con más de 80 páginas, donde los legisladores aseguran que correspondía una mayor supervigilancia y fiscalización por parte del ministro atendida la cuantía de los recursos puestos bajo su administración. Además, aseguran que debió ejercer el control jerárquico permanente sobre la única subsecretaría que tiene a su cargo. También acusan falta de observancia de los principios de eficiencia y eficacia en el Ministerio de Vivienda; y que hubo falta de colaboración por parte de la cartera, entre otros elementos.
No obstante, desde la DC ya habían planteado que no respaldarían la acción. "No están las condiciones políticas para una Acusación Constitucional. Y sin los votos del centro político, sin los votos de la Democracia Cristiana, esa Acusación Constitucional hoy día no tiene destino", dijo el diputado Eric Aedo.
En tanto, la comisión revisora del libelo de la Cámara de Diputados quedó conformada por mayoría opositoria: Emilia Nuyado (PS), Cristián Labbé (UDI), Víctor Pino (Bancada Independientes Cristianos), Tomas Hirsch (Acción Humanista) y Natalia Romero (Ind. UDI). Sus integrantes se reunieron por primera vez el miércoles, y el viernes 22 de diciembre, notificaron a la autoridad de Gobierno.
¿Están los votos?
Con el avance de los días, las expectativas al interior de la oposición de contar con los votos necesarios para que avance el libelo, se han ido disipando.
El mismo miércoles en que se conformó la comisión revisora, el diputado Evópoli, Francisco Undurraga, comentó a Radio Duna que su partido decidió no firmar el libelo, pero sí creen que el ministro Montes "tiene responsabilidad política en los hechos acaecidos, no en términos de que lo haya estipulado, sino que no supervisó en la forma que debiese haber supervisado".
78 votos se requieren para aprobar la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes
"La próxima semana puede que tengamos otras noticias desde la Fiscalía, que van a hacer que no solamente la Democracia Cristiana o el centro, sino que también parte del mundo liberal o socialdemócrata que también anunció en algún minuto que veía con buenos ojos la acusación, la retome.
Pero claramente hoy día en este minuto antes de iniciar el juicio no están los votos", afirmó el parlamentario de Evópoli.
De hecho, el diputado de esa tienda, Jorge Guzmán, dijo que sí apoyarían la acción contra Montes, por la convicción de que existen "faltas constitucionales que deben ser debidamente sancionadas".
El jueves, el diputado Ind-Demócrata, Miguel Ángel Calisto, dijo a CNN que "yo señalaba que creía que no había suficiente agua en la piscina para poder concurrir o aprobar esta acusación constitucional. Yo creo que la forma en que hoy está presentada, o como se ha llevado, yo particularmente no soy favorable a esta acusación constitucional".
Por su parte, el diputado de RN, José Miguel Castro, dijo ayer domingo que "en este momento no se cuenta con los votos, creo yo, para la acusación constitucional". Esto, pese a destacar que la acusación es importante "para marcar un punto político, y demostrar que el ministro Montes no lo hizo bien en términos administrativos".
De todas formas, desde Republicanos no bajan la guardia y aseguran que "no están con la calculadora en la mano" respecto al libelo. El diputado Agustín Romero remarcó esta semana que "las fuerzas opositoras que firmamos la acusación constitucional, estamos convencidos de que es un escándalo de que este ministro siga en ese cargo".
En tanto, desde la UDI, el diputado Henry Leal, aseguró que "los 23 diputados de la bancada de la UDI van a votar a favor y respaldar esa acusación, porque tenemos la convicción de que el ministro Montes tiene responsabilidad política".
Para aprobar la acusación constitucional se requieren 78 votos, mientras que, entre todos los que impulsan el libelo, podrían llegar a los 69 votos. De esta manera, deberán buscar apoyos en otras bancadas.
Las ofensivas durante este Gobierno
La ofensiva contra el ministro Carlos Montes es el quinto recurso de este tipo que se impulsa desde la oposición durante el actual Gobierno del presidente Gabriel Boric.
El primer libelo fue presentado en junio del 2022 por el Partido Republicano, en contra de la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, a quien se le acusaba de no haber ejercido su rol y haber vulnerado su mandato legal.
Por 84 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones, fue aprobada la "cuestión previa" invocada por la defensa de Siches, rechazándose la AC.
A inicios de enero de 2023 llegó el segundo anuncio, esta vez, contra la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, en medio de la polémica generada por los indultos que otorgó el Presidente. Unos pocos días después, el Presidente aceptó la renuncia de Ríos la cartera, a casi 10 meses de llegar al cargo.
No obstante, el libelo acusatorio siguió su curso, y el 25 de enero, la ex ministra sorteó la acusación en su contra con 49 votos a favor, 82 en contra y 3 abstenciones, además de 7 pareos.
El 19 de junio de este año, las bancadas de los partidos de oposición presentaron un libelo contra el ex ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por su inacción ante la crisis del sistema educativo y cometer infracciones al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, entre otros puntos.
De a poco la acusación fue perdiendo apoyo y el 12 de julio la Cámara lo rechazó por 69 votos a favor y 78 en contra, no contando con el respaldo de la DC, de Evópoli y de otros parlamentarios. El ministro dejó la cartera en agosto, tras el cambio de gabinete.
El ex ministro Giorgio Jackson, ya al frente de Desarrollo Social, también enfrentó el anuncio de una acusación constitucional en su contra, impulsada por Republicanos. Tras algunos descuelgues de Chile Vamos y pese a que se vio el fondo del libelo, finalmente la Cámara lo rechazó por 68 votos a favor, 76 en contra y seis abstenciones.
