Ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas.
Aton
La falta a la probidad administrativa y al control jerárquico son los principales lineamientos de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, que se está revisando en la comisión mandatada para aquello y que será sometida a votación la próxima semana.
Sin embargo, en la contestación del secretario de Estado - que se despachó el martes a la Cámara de Diputados - se rechazan dichas infracciones y en varios puntos se desliza la responsabilidad a la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, que dejó el cargo a propósito del Caso Convenios en particular, por lo ocurrido con la Fundación Democracia Viva.
El titular de Vivienda sostiene que a lo largo del libelo acusatorio se le imputan hechos que corresponden a actos o conductas atribuibles a terceros y que escapan de sus competencias.
Sobre el control jerárquico, en su defensa, Montes señala que "no detenta el control jerárquico de los órganos que suscribieron los convenios cuestionados" y reitera que "los acusadores no expusieron correctamente el sistema organizacional del Ministerio, pues no advirtieron que este ministro no detenta el control jerárquico permanente respecto de los Serviu y las SEREMI, que corresponden a los organismos que suscribieron los convenios cuestionados por la Contraloría".
También señala que "los acusadores buscan responsabilizarme en virtud de una habilitación general y a la conducta infractora de terceras personas que no me corresponde por la estructura del MINVU o por constituir hechos objeto de investigación para hacer efectiva su eventual responsabilidad administrativa, civil o penal de quienes los cometieron. Así, de acuerdo a la ley, a este Ministro no le corresponde la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios ni detenta control jerárquico respecto de los Serviu".
En esa línea, la contestación indica que "la dirección, coordinación y supervigilancia de las divisiones del servicio le compete al subsecretario del ministerio, quien, de conformidad con el artículo 9° del DL N° 1.350 es el colaborador inmediato del Ministro y detenta la calidad de Jefe Superior del Servicio, por lo que tiene a su cargo conocer y atender la actividad jurídica del Ministerio; dirigir los asuntos administrativos del Ministerio y velar por el bienestar de su personal dependiente; entre otras funciones".
Por último, el quinto capítulo de la acusación constitucional se refiere a la supuesta responsabilidad constitucional que le cabe al secretario de Estado al omitir el deber de denunciar delitos.
Y así lo manifestó el diputado Cristián Labbé (UDI), miembro de la comisión revisora de la acusación constitucional: "Evidentemente por una omisión, tenemos todas las facultades para poder acusarlo, la omisión es acusable si es que el tuvo los antecedentes y no haya tomado acciones en el momento oportuno. Considerando que toda autoridad en el momento que conoce o sabe de un delito, lo tiene que denunciar", esto porque "la exsubsecretaria fue super clara en su declaración ante la fiscalía y la PDI que le había entregado la información al ministro en tiempo correcto, y al parecer, no tomó acción respecto a lo que estaba pasando".
No obstante, en la defensa se argumenta que no se presentan los documentos a los que se alude. Además, parlamentarios oficialistas, afirman que en el supuesto informe que habría recibido el secretario de Estado no se alertan irregularidades en el convenio entre la seremi de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.
Cabe destacar que la oposición propuso en la comisión revisora citar a la ex subsecretaria a exponer su versión de los hechos la próxima semana, a días de que la Cámara se tenga que pronunciar sobre el libelo.
