Ante la oleada de crímenes violentos en la Región Metropolitana, diversos actores han vuelto a poner sobre la mesa el decretar estado de excepción para contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, han instado al Gobierno a convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
Debido al aumento de hechos de violencia, y en particular de la balacera en la comuna Pedro Aguirre Cerda que cobró tres vidas, una de ellas una adolescente de 14 años, el senador socialista, Juan Luis Castro (PS) planteó que hay dos medidas "claras y contundentes": Decretar estado de excepción y convocar al Cosena.
Sobre la primero, Castro dijo que "hay que evaluar el estado de excepción acotado y focalizado, que el mismo alcalde lo ha pedido, yo también lo he pedido, el gobernador metropolitano lo ha pedido. No tengamos miedo, no tengamos prejuicio político o ideológico de que las Fuerzas Armadas pueden, en parte, guarnecer infraestructura crítica, consultorios, perímetros de las cárceles, lugares de alta afluencia, donde perfectamente pueden ser recordados por las Fuerzas Armadas, pero también cuando ocurren en sectores determinados de una comuna donde el narco se apoderó del territorio. Eso hay que desbaratarlo, y eso requiere medidas como esta".
En relación a la segunda medida, el legislador dijo que "yo creo, y he planteado, y así como expertos hoy día lo consideran, el Presidente de la República tiene la facultad de citar al Consejo de Seguridad Nacional. Hay mayoría civil, porque están presentes la Contraloría, la Corte Suprema, las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Carabinero. Es decir, hay posibilidad de recibir recomendaciones. El Presidente puede disponer lo que él estime, pero puede escuchar qué dicen los poderes del Estado para un fenómeno que sí tiene competencia en el Consejo de Seguridad, que es que el territorio nacional hoy día tiene lugares, sectores, que están siendo apoderados no por el Estado, sino por bandas criminales que están aterrorizando a la población".
La senadora Ximena Rincón (Demócrata), al ser consultada sobre la idea de decretar estado de excepción en la RM, emplazó al Presidente de la República, Gabriel Boric: "¿Qué tiene que pasar en nuestro país para que él reaccione? ¿Quién tiene que morir? ¿A quién tienen que balear para que el tome medidas? ¿No bastan los niños que han muerto o los jóvenes asesinados? ¿Qué tiene que pasar para que el Presidente de la República tome medidas ahora y no en los próximos meses?".
Asimismo, el diputado Cristián Araya (Republicano), miembro de la comisión de Seguridad de la Cámara, planteó que "un estado de excepción urbano, que permita el despliegue de las Fuerzas Armadas es la única alternativa", para enfrentar la seguidilla de hechos violentos.
Sin embargo, sostuvo que "lamentablemente el Gobierno está secuestrado por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Toda la estrategia anti delincuencia tiene que ser previamente visada por los sectores que siguen defendiendo los indultos, la inmigración ilegal y la refundación de las policías. No existe la voluntad de enfrentar la crisis de seguridad como una guerra sin cuartel, insisten en buscar explicaciones sociológicas".
En diciembre, el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, reiteró su llamado al Ejecutivo: "Estamos en la peor crisis, tanto en Santiago como en el país. Se caracteriza por el aumento de delitos más violentos, el uso ilegal de armas de fuego y la presencia del crimen organizado, narcotráfico, inclusive de bandas internacionales".
"Le pido al Ejecutivo que si no le parece lo que estamos proponiendo de usar a las Fuerzas Armadas, que creo que efectivamente es una medida drástica, entonces que plantee cuáles son las otras medidas drásticas que está dispuesto a impulsar", añadió.
Este llamado fue respaldado por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; la jefa comunal de La Pintana, Claudia Pizarro y también se sumó el alcalde Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, donde se han registrado casi una decena de asesinatos en menos de un mes.
"Nosotros solicitamos medidas enérgicas para poder enfrentar esta situación. Y por eso que yo lo he planteado, estamos analizando el tema del Estado de excepción para poder tener un marco legal que nos permita como Estado robustecer nuestro país, robustecer las policías, robustecer el trabajo que se hace en las fronteras, porque sabemos que tenemos gran dificultad y que por ahí está la puerta de entrada de las armas, de las drogas, ¿no es cierto? Mirábamos con mucha sorpresa y con mucho dolor también lo que ocurría en los puertos, en las fronteras portuarias, en las fronteras aéreas", dijo el alcalde.
En esa línea, añadió que "necesitamos mejorar la situación, porque sabemos que por ahí ingresa todo lo malo. También necesitamos poder robustecer nuestras instituciones y sabemos que el esfuerzo que ha hecho el gobierno y para eso vamos a seguir apoyándolo, para que podamos tener más fuerza de trabajo donde se requiere. Acá nosotros no podemos bajar los brazos frente a la delincuencia, ¿no es cierto?, no podemos bajar los brazos y no podemos permitir más que se nos arrebate nuestra democracia".
En oportunidades anteriores, el Gobierno ha abordado estas peticiones y ha sido descartada. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ante la solicitud de las autoridades, dijo en su momento que "no es conveniente" y que el no decretar estado de excepción, y no ocupar a las Fuerzas Armadas en una zona urbana, "es una decisión del Gobierno en conjunto con las policías".
2% constitucional
El diputado Raúl Soto (PPD), junto a los alcaldes de Pedro Aguirre Cerda y La Granja, Felipe Delpin, llegaron hasta La Moneda a entregar una carta al Presidente de la República donde le piden que haga uso del 2% Constitucional para el fortalecimiento de las policías y de la orgánica estatal abocada al orden y seguridad pública.
Las autoridades buscan que se refuerce la adquisición de equipos de protección personal, autos blindados, mayor presencia territorial de personal policial, tecnología, armamento e inteligencia, preparación y profesionalización de las policías, mejores sueldos, así como también el fortalecimiento de los departamentos de seguridad ciudadana de los cientos de municipios a lo largo y ancho del país.
"Si consideramos el total del Presupuesto de la Nación aprobado por el parlamento para el año 2024, que es de un total de USD$ 94 mil millones, el 2% correspondería alrededor de 1.800 millones de dólares, un monto muy por encima al 5,7% de reajuste del Presupuesto de Seguridad para el 2024. Estos serían recursos extraordinarios pero sumamente necesarios para el fortalecimiento de la labor policial y también del resto de las instituciones incumbentes en la materia de la seguridad pública", señala la misiva.
Sobre esta solicitud, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que "no hay ningún problema con evaluarlo, en la medida que falten los recursos". En esa línea, advirtió que para este año se aprobó un aumento presupuestario en materia de seguridad.