Fernando Chomali, Arzobispo de Santiago.
Aton
El arzobispo de Santiago,
Fernando Chomali, abordó la propuesta que hizo a fines de diciembre la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),
Consuelo Contreras, de
incluir a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en las mesas de diálogo en la macrozona sur.
"Hay que establecer una suerte de tregua y hacer un alto en las acciones de violencia pero hay que sentarlos a la mesa para poder resolver los problemas que tienen o que levantan porque, sino, van a seguir marginalmente los actos de violencia", dijo Contreras en entrevista con El Mercurio.
No obstante, la propuesta ha generado diversas reacciones, incluyendo a la propia CAM, quienes respondieron que "no puede haber diálogo con militarización", mientras que desde la oposición señalaron que no se puede negociar con grupos terroristas y anunciaron una citación a la directora del INDH.
En medio de toda la trama política que se ha abierto al respecto, el representante de la Iglesia Católica sostuvo a Radio ADN que "cerrarle la puerta a alguien que quiere dialogar, a priori, no me parece adecuado, porque las personas pueden cambiar".
Consultado por si mantiene esta perspectiva aun cuando la justicia sindica a la CAM como responsable de actos violentos, Chomalí respondió que "yo estoy absolutamente en contra de la violencia, venga de donde venga, siempre lo voy a estar, pero no podemos cerrar las puertas a un cambio".
"Si ellos deponen las armas y quieren entrar en un diálogo yo no veo razón alguna para no hacerlo", agregó. Y añadió: "estamos en un estado de Derecho donde la justicia tiene que operar, el que es juzgado por los tribunales, y cae preso, que esté preso, eso es tarea de los tribunales, no me corresponde a mí juzgar eso, pero he visto también un espíritu de venganza y eso a mi no me gusta".
En esa línea, ejemplificó que "cuando los tribunales permitieron que Héctor Llaitul saliera de la cárcel si encontraba un trabajo, nadie le dio trabajo porque era Héctor Llaitul. Yo le di trabajo y me cayeron las penas del infierno. Y yo decía, cómo no vamos a ayudar a una persona que el Estado le permite salir a trabajar, los jueces le permiten salir a trabajar, quién soy yo para negarle eso, porque tiene competencias, y trabajó en una residencia de personas en situación de calle", relató.