Se amplía la lista de pensiones de gracia cuestionadas. Seis son los beneficios otorgados por el Gobierno que están bajo la lupa de la oposición, en cuanto fueron otorgadas a personas con antecedentes penales previos al otorgamiento de los recursos.
Recientemente, El Líbero reveló el caso de
Jesús Véjar Vega, uno de los beneficiados que había sido condenado en 2014 a cinco años de presidio por el
homicidio de un recolector de basura, a quien dio muerte tras apuñalarlo en el tórax y en el rostro en el contexto de una riña.
Por el decreto firmado por los ministros de Hacienda, Mario Marcel, e Interior, Carolina Tohá, Véjar recibe mensualmente "dos sueldos mínimos no remuneracionales", lo que corresponde a cerca de $600 mil.
Antes, se dio a conocer el caso de Jonathan Alfonso Parra Rebolledo (28), que recibe desde octubre de 2022 una pensión de 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales (a diciembre de 2023 se reajustó a 1,5, lo que equivale a $444.767) luego de que el Ejecutivo le concedió el privilegio, según dio a conocer Ex-Ante.
Parra había sido condenado por quemar una caseta de Carabineros en la Plaza de Armas de Talca el 19 de octubre de 2019. Producto de que aceptó las imputaciones de la fiscalía, fue sentenciado en un procedimiento abreviado.
Si bien el Juzgado de Garantía de Talca en un principio había dictado contra el imputado la pena efectiva de 4 años por el delito de incendio y otro año de prisión por cometer desórdenes públicos, este asumió el relato de la fiscalía, por lo que la condena se sustituyó por la de libertad vigilada intensiva de 5 años de duración.
Otra del las polémicas es la que protagoniza Andrés Fuica, quien fue condenado por robar un supermercado durante el estallido social; Gabriel Allende, procesado por lanzar un artefacto incendiario a Carabineros en 2019; Adán Castro, sentenciado por 2 delitos de maltrato de obra a Carabineros durante el estallido social, pateando en el cráneo a uno de los funcionarios cuando estaba en el piso, y Eliseo Carrera, condenado por lanzar piedras contra un carro de Carabineros en Iquique en 2019.
Con la revelación del caso de Véjar, en la oposición emplazaron al Presidente Gabriel Boric a responder por la polémica. "Ya es tiempo de que hable, que asuma su responsabilidad y no siga guardando silencio", fustigó el diputado de la UDI, Henry Leal.
Con todo, el Ejecutivo presentará este lunes las indicaciones para revertir e invalidar las pensiones de gracia a quienes hayan cometido delitos. También buscaría disponer que se soliciten los antecedentes penales a la hora de evaluar los beneficios.
