Desde el organismo persecutor indicaron que investigación involucra a distintos funcionarios públicos de la entidad comunal y, a su vez, a representantes de empresas.
Aton
La Policía de Investigaciones (PDI) realizó allanamientos en la casa del alcalde de la Municipalidad de Coronel, Boris Chamorro Rebolledo, y en el cuarto y sexto piso de la municipalidad. Esto, bajo una investigación por presuntos delitos de corrupción.
Según explicaron desde la Fiscalía Regional del Biobío, la indagatoria es liderada por la fiscal de Alta Complejidad, María José Aguayo, y tiene el carácter de reservada.
Desde el organismo persecutor indicaron que la investigación involucra a distinto
s funcionarios públicos de la entidad comunal y, a su vez, a representantes de empresas.
A través de un comunicado público, la Municipalidad de Coronel sostuvo que el procedimiento policial se vincula "a una denuncia por hechos ocurridos hace algunos años y que involucraría a varias entidades público y privado".
El alcalde sostuvo a través de un video: "El día de hoy, durante el transcurso de la mañana, nos han informado respecto a un procedimiento que está desarrollando la Policía de Investigaciones. Vamos a entregar todos los antecedentes".
"Es de público conocimiento mi nula vinculación con Puerto Coronel, con la empresa DELSAVA y con la familia del diputado Leonidas Romero. Por lo tanto, entregaremos todos los antecedentes como estipula tanto el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones", cerró.
Declaración de Puerto Coronel
A través de una declaración pública, desde Puerto Coronel sostuvieron: "A través de su recientemente nombrado gerente general, Patricio Román y su actual directorio, presentó una denuncia ante la fiscalía regional del Biobío por distintas irregularidades ocurridas con anterioridad al inicio de su gestión".
"El gerente general, en cuanto tomó conocimiento de estos hechos, los informó inmediatamente al directorio, instancia que dispuso el inicio de una investigación interna para determinar irregularidades y eventuales perjuicios a la compañía, como también la inmediata interposición de una denuncia ante el Ministerio Público", agregaron.
En ese sentido, complementaron que "la empresa se encuentra a disposición de la fiscalía para adoptar todas las medidas de resguardo, colaboración y aportar todos los antecedentes que le soliciten para esclarecer lo sucedido y proceder según en derecho corresponda".