Por tres delitos de fraude al fisco en calidad de autora fue formalizada ayer la concejal Paz Fuica en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, convirtiéndose así en la tercera formalizada por el caso Democracia Viva después del ex líder de esta fundación, Daniel Andrade, y el ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras, quienes se encuentran con la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Penitenciario de la ciudad.
Los tres delitos que se le imputan corresponden a los tres convenios suscritos entre la seremi del
Minvu de Antofagasta y Fundación Democracia Viva en el año 2022 por $426 millones en el marco del programa de Asentamientos Precarios (PAP).
Según consignó El Mercurio de Antofagasta, en tanto, hoy el tribunal resolverá la solicitud de la fiscalía de la medida cautelar de prisión preventiva para la concejal.
Formalización
De acuerdo con los antecedentes expuestos ayer en la audiencia por el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilera, a Fuica se le atribuye una participación directa en la selección de las fundaciones que serían favorecidas con recursos del programa PAP, entre ellas, de la Fundación Democracia Viva, liderada por Andrade, así como también Tomarte, Movimiento Fibra y ProCultura.
Esto, sin que las organizaciones cumplieran con los requisitos y experiencia para la realización de los trabajos.
Según lo relatado por el fiscal Aguilar, Fuica habría sido contactada por Andrade para concretar estos convenios en julio del 2022, ingresado posteriormente a trabajar a la seremi del Minvu como jefa de gabinete y mano derecha de Contreras, siendo además la encargada del programa PAP.
Todo esto, mientras Fuica estaba contratada por la Fundación para la Superación de la Pobreza, según indicó el fiscal.
"(Fuica), asiste, colabora de forma preponderante en las decisiones que toma Carlos Contreras en lo que dice relación con Democracia Viva, hasta ella misma comunica en un correo que ha resulto con Contreras qué fundación debe ser asignada y resulta que la fundación estaba vinculada con ella porque las personas que formaban parte, eran sus amigos, sus conocidos respecto de los cuales Andrade la había contactado en el mes de julio y la iba a retribuir, ofreciéndole unas lucas", relató el fiscal.
Aguilar agregó que esto fue un "artificio fraguado en el tiempo por una agrupación de personas destinadas a defraudar al fisco aprovechando la calidad que Contreras mantenía y su facultad otorgada por decreto por el ministro de Vivienda de poder en forma directa transferir estos fondos del PAP".
Aguirlar agregó que "cómo no iba a favorecer a Andrade, si eran amigos, eran del mismo partido, Paz Fuica trabajó para la diputada Catalina Pérez como encargada territorial, vinculada a su trabajo como parlamentaria y también era amiga de Carlos Contreras y es tan así que resolvieron cómo traer y justificar su permanencia en el Serviu para que pudiera ejercer todas estas funciones y pagadas por otra fundación con platas fiscales sin hacer nada".
Tras la audiencia, consultado el fiscal Cristian Aguilera, los motivos por los cuales Fuica no fue formalizada junto a Contreras y Andrade, señaló que "teníamos diligencias pendientes que dicen relación con un informe de la Bridec que se agregó a la investigación hace unos días como también requerimientos de información que también se agregaron ahora en el corto plazo, los que permitieron que adicionalmente y sumado los antecendetes anteriores permitieran realizar la solicitud de detención y posterior formalización".
El prefecto inspector, Jorge Aguillón, señaló que la PDI en conjunto con el Ministerio Público en forma permanente han realizado un trabajo desde el año pasado por este caso.
"Hay un equipo especializado, a la vez con el apoyo de la Región Metropolitana donde en forma permanente y constante están dialogando con el fiscal con la finalidad de que no se escape ninguna situación. Todo lo que la brigada especializada y medios de prueba que pueda adquirir en la investigación permiten al Ministerio Público pedir la prisión preventiva o la detención al juzgado", declaró.
El abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza, señaló que con los antecedentes está clara la existencia de los tres delitos reiterados de fraude al fisco respecto de la participación de Fuica.
"Es evidente que dentro de todos los antecedentes que hay en la carpeta investigativa que Paz Fuica es autora de ese delito, al igual que en el caso de Daniel Andrade, en el artículo 15, N3, es decir, ella en su calidad de funcionaria pública, que es el cargo que efectivamente ejercer, además hay una serie de menciones en la carpeta investigativa de las funciones que cumplía dentro de la Seremi", indicó.
Defensa
Desde la denfensa, la abogada representante de Paz Fuica, Karina Trujillo, indicó que están discutiendo la existencia del delito y su participación.
"Si bien se reiteró en la audiencia que la Corte y el Juzgado de Garantía respecto de Contreras y Andrade había establecido fehacientemente la existencia del delito y participación, no podemos comparar la situación de ellos con la de nuestra representada, partiendo por la basa de que sí prestó servicios, no es funcionaria pública, es decir, ella no percibió ingresos sin hacer nada como lo expuso el Ministerio Público, ella trabajó y se le pagó un sueldo. Acá más bien la discusión dice relación con la forma de contratación", indicó.
