Óscar Araya, excandidato a alcalde y consejero regional en Copiapó, enfrenta un proceso judicial por presunta venta de marihuana y recibe pensión de gracia.
Captura de pantalla
Un nuevo caso se dio a conocer en medio de la polémica por las pensiones de gracia. Se trata del excandidato a alcalde de Copiapó,
Óscar Araya, de quien se informó que recibe $445 mil mensuales de forma vitalicia por disparos de perdigones que recibió en uno de sus muslos en noviembre de 2019, en el marco del estallido social, y que actualmente enfrenta un proceso judicial por presunta venta de marihuana.
Según consignó El Líbero, el también excandidato a consejero regional por la lista del Partido Igualdad, fue formalizado en marzo de 2023 por tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, razón por la que estuvo en prisión preventiva. La preparación de juicio, en tanto, estaría fijada para marzo de este año.
En marzo de 2023, vecinos de la población Cartavio de Copiapó habrían denunciado la venta de droga en ocho casas del sector, por lo que Carabineros decidió investigar. Un agente revelador pudo comprar un gramo de marihuana por $5.000 en la casa donde vivía Araya, su polola y un amigo, de acuerdo a lo que expuso el mismo medio, y dos días después se allanaron los domicilios en los que se constató tráfico y se detuvo a Araya, su novia y amigo.
En agosto del mismo año la defensa del excandidato habría solicitado su sobreseimiento, pero fue negado. Araya apeló diciendo que su consumo era estrictamente médico (tenía un certificado médico vencido de la Fundación Dava) y aseguró que quien realmente vendió drogas al agente fue su compañero de casa.
A través de un comunicado público -que reveló el Diario de Atacama- Araya se defendió y aclaró algunos puntos: "Recibo pensión de gracia de $200 mil, no de $445 mil como lo expone el medio. Esta pensión corresponde a una compensación del Estado de Chile por un disparo en la espalda que recibí de un carabinero cuando iba caminando solo, afuera de la Catedral de Copiapó. Por ello, aún tengo un balín incrustado en mi muslo, por lo que sigo una querella judicial contra la institución, a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos".
Ahora, en cuanto a su causa, que "dado que el proceso judicial en que me encuentro, aún está en curso, solo puedo decir que seguiremos defendiendo nuestra inocencia (de Ivania, Maximiliano y mía), por lo que no corresponde que digan que estamos formalizados, además de aclarar que la denuncia fue hecha por una llamada anónima y no por nuestros vecinos. Nuestros vecinos han entregado una carta de apoyo con más de 20 firmas donde nos respaldan y con quienes estamos tan agradecidos".
