Sorpresa causó el anuncio del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respecto a que el Gobierno revocará las polémicas pensiones de gracia vía facultad administrativa del Presidente de la República. Decisión que marca un nuevo cambio de opinión de La Moneda, que ha sido duramente criticada por la oposición a raíz de los beneficios otorgados a condenados en el marco del estallido social.
Aquello llevó más tarde al ministro del Justicia, Luis Cordero, a tener que salir a explicar en detalle la decisión: "El subsecretario ha hecho referencia a una facultad general que se encuentra en la ley, reconocida para revocar actos administrativos. La ministra del Interior ha solicitado la revisión completa de las pensiones que se han realizado y en función de eso tomar una decisión de cuáles se revocarán o cuáles se invalidarán".
De este modo, el titular de Justicia quedaba nuevamente en una incómoda posición al tener que aclarar la bajada del anuncio hecho por el Gobierno y responder las preguntas de la prensa.
Hoy, en entrevista con Radio Pauta, el ministro ahondó en el tema, señalando que la medida será "solo en caso de vicio o error de otorgamiento" y que se revisarán los expedientes dentro del plazo que la autoridad pueda ejercer una atribución, es decir, de los últimos 5 años y o sólo relativas al estallido social.
Consultado sobre el cambio de criterio, Cordero negó aquello y explicó que "en el caso del Ministerio del Interior, desde el principio ha sido claro con que esta facultad se puede ejercer y por una razón simple, en el pasado, el Ministerio del Interior ha ejercido esta atribución. Lo que pasa es que el debate se ha producido con cierta discusión solo a las pensiones del estallido social".
Otros temas complejos
Esta es sólo una de las materias en que el ministro Cordero ha debido asumir una especie de vocería de La Moneda, entregando inicialmente una justificación para lo ocurrido, la que luego debe evolucionar acorde a las circunstancias o los nuevos criterios trazados desde el Palacio.
Por ejemplo, tras conocerse la asistencia de varios ministros a reuniones en la casa del lobbista Pablo Zalaquett, Cordero llamó en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, a separar la dimensión política del ámbito jurídico.
"Creo que hay un proceso de aprendizaje. No cabe ninguna duda. Entre otro tema por temas de confianza", afirmó el titular de Justicia, agregando que detrás de estos encuentros "hay dos dilemas: cómo se sostiene activamente un diálogo con todos los interesados, sin discriminación, y cómo guardar suficiente distancia para mantener autonomía en las decisiones de la autoridad".
Sin embargo, la semana pasada el Presidente Gabriel Boric, llamó a los seis ministros que concurrieron a tales citas y los mandató a evaluar los registros de las mismas.
Otro tema en que Cordero también ha debido hacer uso de la palabra en más de una ocasión ha sido el caso Convenios, aunque su ministerio no está involucrado en las millonarias transferencias, pero sí debió asumir la vocería desde el plano judicial.
Incluso debió en su minuto salir a explicar los dichos del Mandatario, respecto a la fecha exacta en que tomó conocimiento del caso. "El Presidente no se ha equivocado, ha sido bien transparente, el Presidente se refería al Estado de Chile. El Estado de Chile tomó conocimiento del oficio el 7 de junio, pero basta revisar el oficio que está dirigido al seremi de Vivienda, eso explica que durante un período de tiempo la información no estuvo disponible", sostuvo.
Con ello, apuntó que "los ministros tomaron conocimiento el día 16 de junio, efectivamente existe un oficio del 7 de junio de solicitud de información y fiscalización de una diputada dirigida al seremi de vivienda de Antofagasta, por lo tanto, esa moción no fue dirigida ni al Ministerio de vivienda ni a la presidencia de República (…) el Presidente hizo una reconstrucción de cómo ocurrieron los acontecimientos".
Cabe recordar que Cordero asumió el cargo en un momento complejo para el Gobierno por los cuestionamientos a los indultos presidenciales a condenados en el marco del estallido social y tuvo que hacerse cargo de abordar el tema desde el ámbito jurídico, llevando finalmente el debate al uso de una facultad presidencial.
Y si bien la discusión había sido sorteada con relativo éxito, la detención a fines del año pasado de uno de los beneficiados Luis Castillo, por secuestro extorsivo, revivió la polémica. Sin embargo, el ministro ha sido claro en afirmar que "yo negué todos los indultos que estaban pendientes del estallido social. Lo dije públicamente bajo qué criterio".
