El Presidente Boric hoy en la Región de Coquimbo.
Aton
El Presidente Gabriel Boric abordó la decisión del Ejecutivo de revocar las pensiones de gracia mediante una facultad administrativa presidencial, decisión anunciada ayer por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Consultado por el criterio que aplicará el Ejecutivo, el Mandatario señaló que pidió evaluar 50 de los beneficios entregados y que se apuntaría a delitos de alta connotación.
"Este tema es muy delicado. El debate de pensiones de gracia ha estado centrado en que algunos de los beneficiarios tienen antecedentes penales. Hasta ahora ese elemento, los antecedentes penales, no se consideraban ni en la la ley ni en el procedimiento a la hora de ponderar el otorgamiento de este beneficio. Esto no es algo de este Gobierno, sino también de todos los Gobiernos anteriores", señaló.
Y afirmó que "hemos encontrado cerca de 50 pensiones de gracia de personas que cuentan con antecedentes penales, y lo que he mandatado a los organismos correspondientes, es que, eso que no se tenía a la vista a la hora de otorgarlas, hoy día se revise".
En esa línea, anunció que "efectivamente, voy a hacer uso de una facultad administrativa, para que, en el caso que identifiquemos beneficiarios que tengan antecedentes penales por delitos graves, tales como homicidio, violación, porte de armas y narcotráfico, yo personalmente voy a usar uso de la facultad administrativa para revocar esas pensiones".
Sobre el riesgo de que la revocación provoque la judicialización de los casos, Boric indicó que "el tema judicial sigue siendo cierto. Acá eventualmente esto podría judicalizarse. Por eso acá hay que ser muy cuidadoso en la decisión que se tome y estudiarlo caso a caso".
Los casos a revocar, añadió el Presidente, se van a "revisar durante este período y espero que lo podamos cerrar a la brevedad para que este debate lo demos por superado y podamos seguir esperando".
Finalmente, el jefe de Estado explicó que está inclinado a evaluar que se revoquen las pensiones de gracia por delitos perpetrados tanto antes como después de la entrega del beneficio.
"Eso lo vamos a revisar. Yo creo que en particular se pueden considerar las dos alternativas, pero me gustaría revisar jurídicamente el detalle porque hay que ser muy cuidadoso con los temas judiciales posteriores, pero mi postura es que se evalúe en ambos casos", adujo.
