Desde el Congreso Nacional, parlamentarios desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta el Partido Socialista, presentaron un proyecto de ley que busca enfrentar los secuestros extorsivos, fortaleciendo las atribuciones del Ministerio Público y estableciendo el congelamiento transitorio de los bienes del secuestrado y de su familia.
Con ello, "poder terminar con la proliferación de este delito como fuente de financiamiento del crimen organizado", según especifica el documento.
El diputado Raúl Soto (PPD), impulsor del proyecto, sostuvo que este estilo de secuestro "ha sido importada y ha llegado desde otros países a propósito también de la crisis de migración irregular en Chile y que tuvo un aumento significativo durante los años 2022 y 2023 generando una especie de industria del secuestro extorsivo en Chile como un mecanismo, como un medio que utilizan las bandas de crimen organizado para obtener financiamiento y recursos que sirven para seguir cometiendo delitos".
En esa línea explicó que "lo que hace este proyecto, recogiendo la experiencia italiana de los años 90 con la proliferación del crimen organizado y las mafias, es cortar de raíz el negocio que hay detrás del secuestro extorsivo facultando y entregando mayores atribuciones al Ministerio Público para que pueda solicitar un congelamiento transitorio de los bienes y cuentas del secuestrado y su familia de manera tal de que la responsabilidad y la carga de la negociación no esté radicada en los familiares sino que esté radicada en la autoridad competente que lleva a la investigación que es la Fiscalía".
"Queremos resguardar la vida de las personas pero para resguardar la vida de las personas, de los secuestrados lo importante es que las decisiones las tome la autoridad que lleva a la investigación y para resguardar la vida de todos los chilenos lo relevante es que el secuestro no siga creciendo en Chile", añadió el legislador.
Asimismo, advirtió que "el año 2022 tuvimos un aumento de 68% de los secuestros extorsivos. En Chile hemos tenido muchos, en la Región Metropolitana, en Valparaíso, en Bíobío, en el norte, en el sur y probablemente el caso más emblemático fue el empresario de Rancagua cuya familia, si bien pagó, hasta el día de hoy lo siguen extorsionando para tratar de seguir sacándole dinero porque el crimen organizado en Chile se dio cuenta que en nuestro país era un negocio el secuestro extorsivo nosotros vamos a cortar este negocio".
