Mientras que el Ministerio del Interior evalúa los expedientes de las personas que reciben pensiones de gracia y define los criterios para revocarlas, parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista han manifestado su oposición y molestia por querer retirar estos beneficios.
El diputados comunista Boris Barrera sostuvo que esto sería "una aberración sin precedentes" y que con esto se estarían pasando a llevar tratados y convenciones internacionales en relación a los derechos humanos. Palabras que fueron respaldadas por la diputada de Comunes y miembro de la comisión de Desarrollo Social, Claudia Mix.
Asimismo, el legislador Matías Ramírez (PC), en respuesta al anuncio oficial del Presidente de la República, donde confirmó que se examinarían los casos, señaló que “es un error abrirse a revisar el otorgamiento y dicha revisión puede constituir un acto ilegal y arbitrario a la luz de los compromisos del Estado Chileno en materia de reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos”.
Ante la negativa de algunos parlamentarios oficialistas, el ministro de Justicia, Luis Cordero sostuvo que "a mí me parece que cualquier decisión pública, genera puntos a favor y resistencias. El Ejecutivo da explicaciones, el Presidente las dio, por qué se va a abordar y de qué manera. Y el ministerio del Interior, en particular, que está a cargo de la evaluación de cada uno de esos expedientes".
Además planteó que "hay una discusión, que me parece que es legítima, a propósito de las consecuencias de los efectos asociados a la intervención de agentes del Estado, producto de los daños provocados a personas en el contexto del estadio social”.
“A mí me parece que el Ejecutivo ha sido muy preciso respecto de qué asuntos. Primero, tenía que ver con el tema de la competencia, un asunto que el Ejecutivo ha sido claro desde el principio. Y, lo segundo, que el Ejecutivo está estableciendo cuál es el criterio".
En esa línea reiteró que el Ejecutivo va a ejercer funciones administrativas y sobre la tramitación del proyecto que modifica el otorgamiento de pensiones de gracia, donde no fueron admitidas las indicaciones del Gobierno, Cordero indicó que “yo entiendo que en este tema también hay voluntad del Congreso de poder resolver el punto adecuadamente. Así que supongo que en alguna instancia legislativa razonablemente se va a resolver".
Sobre esta discrepancia al interior de las fuerzas de Gobierno, también opinó el diputado diputado independiente-PPD y miembro de la comisión investigadora de pensiones de gracia, Cristián Tapia.
“Cuando revisamos todo el antecedente en la comisión investigadora de pensiones de gracia, a todos nos causó cuidado, molestia inclusive, al detectar que hubieron delincuentes que estaban condenados por distintos actos ilícitos que tuvieran una pensión de gracia, una pensión de gracia que están esperando los pescadores, una pensión de gracia que están esperando los mineros que tienen silicosis, algunas todavía no tienen pensión de gracia”, apuntó el diputado.
A su vez, dijo que “encuentro sumamente válido que el Gobierno haya encontrado un resquicio legal para terminar y quitar las pensiones de gracia a estas personas. Yo creo que Chile se merece otra cosa, nosotros pensábamos hacer modificaciones y todavía tenemos pensado hacer ciertas modificaciones a la normativa, a la ley de pensiones de gracia que sea más transparente y que las pensiones de gracia vayan donde realmente correspondan. Yo creo que aquí no se está vulnerando ningún derecho ni tratado, nosotros somos un país autónomo y la realidad de nuestro país y sobre todo lo que estamos viviendo el día de hoy con los actos de delincuencia, creo que el Gobierno ha tomado el camino correcto que es quitar estas pensiones de gracia a las personas que han cometido delito porque eso es lo que corresponde”.
