El diputado comunista, Boris Barrera, calificó como una "aberración sin precedentes" el anuncio del Ejecutivo por revisar las pensiones de gracia otorgadas y revocar el beneficio de cumplirse una serie de criterios que aún están siendo evaluados por el Ministerio del Interior.
Al diputado Barrera se sumaron otros parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista, argumentando que con esto se estarían pasando a llevar acuerdos internacionales en relación a los derechos humanos.
Sobre las diferencias suscitadas en el oficialismo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que el Ejecutivo "no comparte" las palabras utilizadas por el diputado comunista. No obstante, planteó que sí hay criterios en común.
La secretaria de Estado explicó que "aquí no solo hay que ponderar los antecedentes penales, sino que también el daño causado. No es un elemento decir que de per se los antecedentes penales dejan a una persona fuera de la posibilidad de ser compensada de haber sufrido un daño severo".
Además planteó que "tenemos que corregir lo que la ley dice hasta ahora, lo que dice sobre el procedimiento administrativo y que no ponía a la vista los antecedentes penales".
Horas antes el ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó las diferencias al interior del oficialismo como "legítimas". En particular dijo que "a mí me parece que cualquier decisión pública, genera puntos a favor y resistencias. El Ejecutivo da explicaciones, el Presidente las dio, por qué se va a abordar y de qué manera. Y el ministerio del Interior, en particular, que está a cargo de la evaluación de cada uno de esos expedientes".
Además planteó que "hay una discusión, que me parece que es legítima, a propósito de las consecuencias de los efectos asociados a la intervención de agentes del Estado, producto de los daños provocados a personas en el contexto del estadio social".
