Esta semana, y luego de un intenso debate y ofensiva de la oposición, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric dio pie atrás y anunció que revocará, vía administrativa, las
pensiones de gracia vitalicias otorgadas a víctimas del estallido social que hayan cometido delitos de alta connotación social.
Serían, al menos 50 los beneficios que se revisarán, mientras que en paralelo se discute hacer modificaciones legales al otorgamiento del beneficio.
El anuncio, que en parte apaciguó los ánimos, despertó la molestia del propio sector: el Frente Amplio y el PC cuestionaron la decisión, incluso el diputado Boris Barrera (PC) tildó la discusión de la normativa como "
una aberración sin precedentes". Todo eso, mientras el Gobierno busca "
cerrar a la brevedad" el debate, según dijo el martes el Presidente Boric.
Pero en medio de la disputa política que se abrió por las pensiones de gracia, se mencionó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como un actor que formó parte del proceso. De hecho, cuando comenzó la polémica y se conocieron los primeros nombres de beneficiados con antecedentes, RN presentó un proyecto de ley en esta línea.
En concreto, la iniciativa de RN busca "dejar sin efecto dentro del plazo de dos años desde la publicación de la reforma -si se aprobase- las pensiones de gracia concedidas a partir del año 2021 en base a la acreditación realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a sujetos afectados en el contexto del estallido social".
No obstante, ayer, en una carta publicada en El Mercurio, la directora del INDH, Consuelo Contreras, explicó latamente el rol del INDH en el otorgamiento de las pensiones de gracia, detallando la creación de dos glosas en la Ley de Presupuesto 2022 para tales efectos. Una de ellas, vinculada al Instituto, y otra, que facultaba al Presidente de la República para entregarlas.
Contreras aclaró luego que "en Chile no hay, ni ha habido, personas que tengan pensiones de gracia entregadas en virtud de la función de acreditación que el Congreso encargó al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esa fue una decisión del Poder Ejecutivo". Es decir, no se aplicó en ningún momento, según sus palabras, la glosa asociada al INDH.
Detalle de las glosas
En la carta, Contreras detalla que mediante una glosa en la Ley de Presupuesto del año 2022, el Congreso entregó al INDH "una función que no se encontraba contemplada en su ley orgánica: acreditar víctimas de violaciones a derechos humanos -desde el 18 de octubre de 2019 en adelante- que hayan sufrido un menoscabo laboral, de modo que pudieran postular a una pensión de gracia", tarea con la que el Instituto cumplió.
En la misma Ley de Presupuesto,
se creó otra glosa que facultaba al Presidente de la República a entregar pensiones de gracia a "personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019", en virtud de la Ley 18.056 (que regula la entrega de pensiones), y que no requería en su tramitación la participación del INDH.
De esta forma, precisó Contreras, aquella se diferenciaba de la glosa de acreditación que involucraba al INDH en tres aspectos: "no se refería a violaciones a derechos humanos; no requería identificar un menoscabo laboral; y no requería pronunciamiento alguno del INDH", explicita la directora.
Asimismo, afirma que durante 2022, entre los gobiernos del ex Presidente Sebastián Piñera y el del Presidente Gabriel Boric, se entregaron un total de 418 pensiones de gracia, "todas ellas en virtud de la glosa que se refería a 'personas afectadas'"; esto es, en base a la glosa que facultaba al Presidente de la República para estos fines, y no en base a la glosa de acreditación del INDH.
La carta provocó la reacción del diputado Diego Schalper (RN), precisamente porque es uno de los impulsores de la ley que busca dejar sin efecto las pensiones de gracia en base a la acreditación del INDH; en base a los dichos de Contreras, la iniciativa legal no tendría asidero.
Los parlamentarios opositores decidieron entonces reunirse ayer con la contralora (s) Dorothy Pérez, para plantear la preocupación "por la incapacidad que ha existido de definir con claridad quiénes son los responsables por las malas decisiones de pensiones de gracia a personas que tenían un prontuario gravísimo de agresiones intrafamiliares, a Carabineros e incluso homicidios".
"Por lo tanto, le hemos pedido que ella, a través de su resolución, deje clarísimo si la responsabilidad le asiste al INDH o como argumenta hoy día la directora (Consuelo Contreras) en un diario de circulación nacional, más bien sería responsabilidad del Gobierno, y en particular de Presidencia de la República, haber adoptado mejor los antecedentes", sostuvo.
La Comisión Asesora Presidencial
La ley 18.056 que regula el otorgamiento de pensiones de gracia, establece en su artículo 7° que "una Comisión Especial designada por el Presidente de la República lo asesorará en el estudio de las solicitudes de pensiones de gracia".
En tanto, el decreto 1928, que crea dicha comisión y establece las normas generales a la que se ajustará la tramitación de las solicitudes de pensiones de gracia, establece que la instancia estará integrada por: seis representantes del Ministro del Interior, uno de los cuales la presidirá; un representante del Ministro de Hacienda; un representante del Ministro del Trabajo y Previsión Social.
También incorpora un representante del Ministro Jefe del Estado Mayor Presidencial; y un representante designado a propuesta del o la cónyuge del Presidente de la República. Además, establece que "la Comisión sesionará con cinco de sus miembros, a lo menos".
El lunes, el diputado Andrés Longton (RN) cuestionó duramente el trabajo de dicha comisión, acusando de una "negligencia" en la revisión de estos casos, e incluso acusó que "las cosas no se hicieron del todo bien a propósito de la acreditación a estas personas, que o engañaron al sistema, o hay cierta complicidad en el otorgamiento a personas que no tenían requisitos de víctimas y hoy día están recibiendo millonarios recursos del bolsillos de todos los chilenos".
¿Quiénes formaron parte de dicha instancia para el otorgamiento de pensiones que hoy son cuestionadas? Según detalla Ex-Ante, la comisión conformada en 2022 estaba presidida por Daniel Jana Torres, periodista oriundo de Cañete, ex concejal de esa comuna y miliante PS cercano al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
En abril de 2023, el periodista dejó Interior para volver a su región y fue reemplazado por Sandra Guerra, nueva jefa del Departamento de Acción Social del Ministerio el Interior desde junio de ese mismo año.
El decreto considera a "un representante designado a propuesta del o la cónyuge del Presidente de la República", y pese a que Irina Karamanos no estuvo casada con el Mandatario, como representante del "Gabinete de la Primera Dama", participó la cientista política UC, Javiera Pizarro, militante CS. Cuando Karamanos dejó el Gobierno, Pizarro pasó a realizar otras labores en Presidencia.
La instancia también la conformaba Catalina Jofré Reyes, trabajadora social -quien fue reemplazada posteriormente por Leslie Saavedra-, y Carlos Pozo Olivares y Lesly Covarrubias, quienes fueron reemplazados por Andrea Selman y Francisco Aldunate.
Se mantienen como integrantes de la instancia, María del Pilar Cruz, economista y ex asesora del ministro de Hacienda Mario Marcel, en el cupo de Hacienda; Mario Pacheco Salas, trabajadora y dirigente sindical, en el cupo de la Segpres; Pedro Contador, en el cupo del Ministerio del Trabajo; y Alejandro Aguin y Francisca Orellana, como representantes de Interior.
