"Los delitos no solo se cometen en las calles y en los hogares, también se planifican y lideran desde las cárceles, algo con lo que tenemos que terminar". La frase es del Presidente Gabriel Boric durante su segunda cuenta pública, instancia donde comprometió un aumento del 12% de la capacidad actual del sistema penitenciario, habilitando 4.796 nuevas plazas al 2026.
La tarea está encomendada al
ministro de Justicia, Luis Cordero, quien estas últimas semanas ha abordado la situación en que se encuentran las cárceles en el país, marcada por la sobrepoblación y la necesidad de segregación de los reos, para evitar que se sigan convirtiendo en "caldo de cultivo" de operaciones criminales y traspaso de conocimientos delictuales.
Según los datos que ha presentado la propia cartera de Justicia, hacia el 2021 había unas 42 mil personas privadas de libertad, pero desde finales de 2021 hasta ahora, se ha registrado un aumento significativo de más del 20%, lo que ha llevado a que hoy existan cerca de 53 mil personas privadas de libertad.
El tema, además, ha sido foco de preocupación a raíz de la crisis de seguridad que vive el país y la nueva criminalidad -asociada al narcotráfico y el crimen organizado en general-, pero también al debate que se abrió por el efectivo control que tiene el Estado en las cárceles en Chile. Esto, a raíz de la crisis que se vive en Ecuador, donde el control de varios recintos penitenciarios está en poder de criminales.
Según ha remarcado la autoridad, "el Estado de Chile tiene control total de las cárceles y sabe perfectamente lo que sucede en su interior".
Aumento de plazas
El domingo, el ministro Cordero entregó algunas definiciones de la política carcelaria en la que trabaja el Ejecutivo y que ayer en la tarde abordó en una reunión con representantes de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
En conversación con Estado Nacional de TVN, comentó que "entre este año y el 2025, ocupando el sistema de concesiones, no solo se va a habilitar una cárcel nueva, que es en La Laguna, en Talca, sino que además de eso, se están licitando las ampliaciones de Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Rancagua y Puerto Montt", agregó. Con todo, afirmó que "
aproximadamente el país de aquí al 2033 debiera tener un aumento de un poco más de 20.000 nuevas plazas del sistema".
Sin embargo, reforzó la necesidad de avanzar legislativamente. Esto, porque según aseguró "las proyecciones de aquí al 2033, la peor de las proyecciones es que vamos a estar en torno a los 80.000 personas privadas de libertad".
Entonces, enfatizó en que "si tomamos medidas adecuadas, nosotros podríamos ver entre 54.000 y 58.000 personas privadas de libertad, lo cual el plan de infraestructura del cual se está trabajando podría hacerse cargo, le podría dejar cierta holgura al país".
¿Qué otros elementos se hacen imprescindibles para una nueva política carcelaria? En conversación con Emol, expertos en seguridad abordan el tema desde sus diversas aristas, como la necesidad de fortalecer a Gendarmería -como servicio a cargo de las cárceles-, pero también por la importancia de implementar estrategias de segmentación de reos para evitar el contagio criminógeno, y facilitar la reinserción.
Fortalecer Gendarmería
Para Olga Espinoza, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, pone en primer lugar la necesidad de tomar en consideración la misión institucional de Gendarmería para una nueva política penitenciaria. "Esto, para que junto con garantizar que se cumpla la decisión de los tribunales por condena o prisión preventiva, debiera promover que este cumplimiento se ajuste a los estándares de derechos humanos y que, además, en todo momento, se promueva la reinserción social".
"Es necesario fomentar las condiciones adecuadas de vida digna, y eso pasa por optimizar los espacios de encarcelamiento, y con ello, se tiene que, o aumentar el número de plazas, pero pero también promover la disminución de personas privadas de libertad".
Olga Espinoza, académica Facultad de Gobierno U. de Chile
Para cumplir lo anterior, sostiene que es
necesario fomentar las condiciones adecuadas de vida digna, y eso pasa por "optimizar los espacios de encarcelamiento, y con ello, se tiene que, o aumentar el número de plazas, pero pero también promover la disminución de personas privadas de libertad". Esto último se logra "facilitando el no retorno de personas a la cárcel, es decir, a través de procesos de reinserción efectivos, lo que implica poner mayor énfasis en actividades laborales, educativas y de diversa índole que facilitan estos procesos".
Al mismo tiempo, indica que para lograr lo anterior, se debe contar con equipos de profesionales y funcionarios que estén alineados con dichos objetivos, vale decir: seguridad, reinserción social y condiciones de vida adecuada al interior de las cárceles. "Todo eso pasa por fortalecer a Gendarmería, el trabajo de formación en la Escuela de Gendarmería, promover capacitaciones para los profesionales que se incorporan, y que normalmente tienen poca formación en los temas propios de la cárcel", comenta.
En la misma línea, Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab coincide en que "al menos la pregunta que debería hacerse el próximo Gobierno, porque requiere mucho análisis, es sobre el futuro de Gendarmería; si debería incorporarse al próximo Ministerio de Seguridad o mantener su dependencia al Ministerio de Justicia".
En cuanto a la situación actual de Gendarmería, sostiene que a raíz de que se han observado protestas de sindicatos y casos de corrupción, que "no están contribuyendo a la labor propia de ese servicio", y sobre esto, "hay que considerar que ellos son un servicio público, no es una institución como las policías o las Fuerzas Armadas, y por eso tal vez hay que considerar el elevar su status, para cuidarlo de politizarlo, porque cuando ya está politizado, es más difícil enfrentar los problemas de seguridad".
Ámbito criminal, hacinamiento y reinserción
El problema el espacio en las cárceles debido al aumento de población penal genera una serie de desafíos asociados que trascienden de los muros de cada recinto, y esa es otra de las grandes áreas que preocupan a expertos y a las propias autoridades.
Lizana recuerda que dentro de las cárceles hay líderes de bandas criminales chilenas y de células de grupos del crimen organizado trasnacional, además de delincuentes extranjeros. "El hacinamiento hace un escenario propicio para que nuevas prácticas, redes y técnicas asociadas al delito, que vemos en otros países de América Latina y que ya estamos viendo en Chile, se puedan difundir. Porque ese problema de espacio los reúne a todos y no permite segregar a quien comete un delito por primera vez con respecto a reincidente".
Por eso, si bien valora la iniciativa que apunta a la construcción de más cárceles, precisa que el tema del espacio "se debe resolver lo antes posible", y una vez resuelto eso "se podrá avanzar hacia la segregación penal, y eso debería formar parte de la política carcelaria, que es una necesidad inmediata".
Otra necesidad urgente, dice la experta, es "cortar la comunicación de la población penal con quienes están fuera de la cárcel", y para ello, sostiene que es clave que se revisen las visitas, a partir de "conocer el entorno y contexto en que se desarrolló el reo, para identificar si tiene relación con algún barrio crítico". Esto, junto supervigilar el riesgo de fuga.
El foco sobre el hacinamiento también sería subsanable, en parte, en establecer medidas alternativas para personas "que no son un peligro para la sociedad y puedan cumplir otras penas, como arresto domiciliario total, pero que se vigilen de forma efectiva por Gendarmería".
Lo anterior, aclara, viene de la mano de una adecuada calificación de los reos, que permita discernir entre quienes tienen una buena proyección de rehabilitación para una futura reinserción. "Lo mismo ocurre con el tema de los adolescentes que están cometiendo delito, es importante establecer cómo tratarlos para poder sacarlos de ese contexto criminal, y poder entregarles oportunidades y evitar que se transforme en una suerte de criminal profesional", cerró.
Espinoza agrega otra dimensión al ecosistema carcelario: poner foco en la corrupción. "Esto pasa por crear mecanismos de fiscalización más adecuados, y de dotar de mayor a todos los procesos de mayor transparencia, incorporando incluso a la sociedad civil como un actor que sea no sólo fiscalizadora, sino que aporte y pueda ser un aliado estratégico en procesos de reinserción".
Neftalí Carabantes, ex subsecretario de Carabineros y académico de la Universidad Central, comenta que una nueva política carcelaria "debiese sintonizar con la real y actual problemática carcelaria en Chile", haciéndose cargo tanto del hacinamiento y habitabilidad de los recintos penitenciarios, pero también que "impida a las organizaciones criminales seguir operando intra muros, estableciéndose un combate sin cuartel dentro de la cárcel al crimen organizado, con mayor inteligencia y tecnologías".
Por último, coincide con la necesidad de que "se aborden mayores caminos y oportunidades de trabajo y reinserción social de los recluidos", cerró.
