Una advertencia planteó la diputada del Partido Comunista e integrante de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara, Candelaria Acevedo, sobre los proyectos de ley refundidos que buscan revocar las pensiones de gracia: Impugnar la medida en el Tribunal Constitucional y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Una idea que si bien apunta a las iniciativas legislativas de la derecha, también choca con la facultad administrativa de la que hará uso el Presidente Gabriel Boric para retirar el beneficio a personas que hayan cometido delitos graves.
Este martes, la parlamentaria aclaró que lo de impugnar las revocaciones en estas instancias "fue una idea mía, pero la vamos a colegiar en el comité del PC, Regionalistas, Independientes, para ver si es factible ir al TC, y si nos fuera mal por ese lado, lo vamos a ver en la Corte Iberoamericana".
Sobre el fundamento de la medida, la legisladora indicó que "los jóvenes a quién se le está cuestionando su pensión de gracia, tiene que ver solamente con lo que fue el estallido social, donde hay mucha gente de derecha que cree que son delincuentes. Independientemente que esa situación tiene algo de justeza, lo que no se puede dejar de lado es que agentes del Estado fueron los que violaron los derechos humanos de esas personas, por lo tanto hay muchos de ellos con trauma ocular".
Por lo demás, Acevedo dijo que "nosotros se lo hemos planteado al subsecretario del Interior. Yo se lo he dicho a él personalmente, que en este caso, el proyecto que se votó en estos días en la comisión de Desarrollo Social, a mí no me parecía y por lo tanto, yo lo iba a votar en contra en general".
Abundando en lo anterior, la diputada señaló que "hay que hacer un punto político en esto, porque se van a investigar 18 mil pensiones que se están dando. Ahí hay muchas personas que fueron víctimas de la dictadura y que reciben pensiones".
Desde las huestes del PC en la Cámara afirman que las declaraciones de Acevedo son legítimas, pero de carácter individual. Antes de sindicar la propuesta como una idea de la bancada, afirman, deben revisar acuciosamente la viabilidad de la impugnación y eso, consideran poco probable que se vaya a concretar antes del cierre legislativo.
En La Moneda en tanto, defienden la facultad de la que hará uso el Presidente y aseguran que las preocupaciones que se expresan desde la colectividad, son las mismas que tiene a la vista el Mandatario. Por ejemplo, descartan desde ya que la revocación se vaya a aplicar para personas que hayan sido objeto de violaciones graves a los derechos humanos.
Este martes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, relevó que el Jefe de Estado "ha tomado la decisión de usar una facultad administrativa para lo cual se pidió un informe jurídico que la respalda,
facultad administrativa que no está exenta de que las personas puedan recurrir eventualmente a la justicia, pero el Presidente tomó la determinación de usar una facultad administrativa para revocar pensiones de gracia a personas que han cometido delitos graves".
En cuanto a la advertencia de Acevedo, la autoridad se limitó a señalar que "nosotros esperamos informar el detalle de la decisión que el Presidente tome, por supuesto, a todas las fuerzas políticas y espero que los antecedentes que se les entreguen de la decisión del Presidente sean tomadas en consideración".
