Compleja resultó para el oficialismo la advertencia del Partido Comunista (PC) de ir a cortes internacionales o al Tribunal Constitucional (TC), para evitar la revocación de las pensiones de gracia del "estallido" en los casos en que se detectaron beneficios dados a personas con condenas o antecedentes penales. Tal como publicó ayer "El Mercurio", fue la diputada María Candelaria Acevedo, del PC, quien notificó, en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara que ella integra, de la intención de los comunistas de llevar a Chile a tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de DD.HH. (CIDH), o al TC, después de constatar la aprobación de un proyecto de la oposición para revertir por ley los subsidios que se tornaron polémicos. Si bien la información no fue bien recibida en parte de Socialismo Democrático (PS-PPD), en la otra coalición que sustenta al Gobierno, el PC ratificó su postura inicial. Así lo confirmó la diputada Acevedo: "Hay una revocación de parte del Gobierno y también hubo una mayoría en la comisión para que se pudiera analizar de mejor manera buscar incluso a las 18 mil personas que reciben hoy pensiones de gracia que a lo mejor podrían estar en la misma situación. Ante eso, yo no estoy de acuerdo. Traspasa las normas internacionales que tienen que ver con el derecho, que tienen que ver con la reparación de víctimas de parte del Estado; respecto al Tribunal Constitucional lo vamos a revisar". También desde el PC, el diputado Matías Ramírez agregó que "la opción de recurrir a instancias nacionales o internacionales es totalmente acorde a las obligaciones que el Estado chileno tiene respecto de la reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos, no es posible que se abra un debate falaz cuando estamos hablando de una compensación como reparación ante el daño provocado por agentes del Estado ( ... )".
