La ministra del Interior,
Carolina Tohá, abordó la intención que hay dentro de la bancada del Partido Comunista de impugnar las revocaciones de pensiones de gracia, ya sea en el Tribunal Constitucional o en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos.
Consultada si esto genera un problema al Ejecutivo, considerando que es un objetivo que persigue el Gobierno a través de una facultad administrativa presidencial, la jefa de gabinete reconoció en radio Pauta que "por cierto que nos complica, pero es parte del derecho que tienen los parlamentarios si tienen objeciones".
"La vida es así, en la democracia hay órganos, cada uno tiene su competencia, uno tiene su ámbito de acción y así funciona la democracia, no es un ejército", desdramatizó.
Por lo demás, explicó que "el Ejecutivo tiene muy claro que hay cierto tipo de daños que corresponde compensar con una pensión de gracia independiente de los antecedentes penales. Ya hemos dicho que cuando hay daño permanente y que tiene un impacto importante en la vida de las personas, nosotros no vamos a dejar sin efecto esas pensiones".
"Una persona que fue a una manifestación y perdió un ojo, aunque haya tenido antecedentes penales, nos parece correcto y justo que el Presidente le asigne una pensión de gracia", ejemplificó.
Ahora bien, acotó que "hay casos donde hay antecedentes penales muy graves, las personas no tienen un daño tan grave y tan permanente, y tienen otras instancias para reclamar, porque recordemos que cualquier persona puede ir a los tribunales y pedir una indemnización".
"Entonces, en ese caso, nuestra opinión como Ejecutivo y del Presidente de la República, es que hay que volver a hacer una revisión, hay que volver a evaluar y en algunos casos va a corresponder retirar esa pensión, para adelante, para atrás no se pide la devolución de los recursos. Eso si que no se puede", cerró.
