Robo con violencia e incluso homicidio son parte de los delitos detectados por el informe de Contraloría.
Aton
Este jueves se conoció el informe que envió la Contraloría General de la República a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga irregularidades respecto a la
entrega de pensiones de gracia vitalicias en el contexto del estallido social, y que durante las últimas semanas abrió la ofensiva de la oposición debido a que algunos beneficiarios tenían antecedentes penales.
Lo anterior llevó a que se impulsara una iniciativa legal en orden a revisar los criterios para el otorgamiento de dichas pensiones -como el ponderar si las personas tenían o no antecedentes penales-, mientras que el Gobierno, pese a que inicialmente indicó que no era factible, terminó por dar pie atrás y anunció que revocará el beneficio vía decreto administrativo.
Fue el propio Presidente Gabriel Boric quien la semana pasada cifró en 50 las pensiones de gracia que serían revisadas, precisamente porque se trata de personas con dichos antecedentes.
En el informe del Departamento de Auditorías Especiales de Contraloría, conocido hoy por la comisión -con fecha 13 de diciembre de 2023- tenía por objeto revisar los procesos de selección, otorgamiento y pago de pensiones.
Así, el documento detalla que "se verificó que 58, de las 419 personas beneficiadas con una pensión, tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos".
"En efecto, se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros", detalla el documento.
Así, desde Contraloría sostienen que "considerando lo establecido en el artículo 53 de la ley N° 18.575, se advierte que el haber contado oportunamente con la información advertida pudo ser útil para evaluar tanto la aprobación del beneficio, como las condiciones para su
otorgamiento".
"En la especie, la Subsecretaría del Interior, acorde a lo comprometido, deberá remitir a este Organismo de Control, el procedimiento actualizado y debidamente formalizado que incorpore de manera obligatoria la revisión de antecedentes penales de los postulantes a una pensión de gracia, en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe", detalla el informe.