La comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados le solicitó a la Contraloría un informe respecto de la posibilidad de invalidar o revocar el otorgamiento de pensiones de gracia.
En la respuesta de la contralora (s) Dorothy Pérez, se establece que la prerrogativa analizada se encuentra radicada privativamente en el Presidente de la República, en uso del poder de gobierno que le confiere la Constitución. En ese contexto, y dado el carácter netamente discrecional de la facultad para conceder la respectiva pensión de gracia, la autoridad otorgante puede igualmente dejarla sin efecto.
El debate por revocar las pensiones de gracia a beneficiarios con antecedentes penales se ha tomado la esfera política. Tras las declaraciones de la Contraloría, incrementan las presiones por que el Presidente de la República tome acciones al respecto.
En ese contexto, el presidente de la comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN) dijo que el informe "señala expresamente al Presidente que estas pensiones pueden ser dejadas sin efecto a través de la revocación e invalidación. Es más, le dice al Presidente que esto ya se ha hecho antes, a propósito incluso de una persona que tenía un nutrido prontuario policial, dice la Contralora".
En esa línea hizo un llamado al Mandatario: "Usted tiene estos antecedentes, lo prudente y lo razonable es que lo antes posible deje sin efecto estas pensiones, porque estamos entregándoles recursos de todos los chilenos a delincuentes todos los meses, mientras muchos chilenos no pueden llegar a fin de mes".
Asimismo, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) sostuvo que “yo lamento que lo político se anteponga ante cosas tan evidentes y tan escandalosas y que causan tanta indignación en el país como despilfarrar recursos públicos de todos los chilenos en delincuentes, sobre todo con la crisis de seguridad que vivimos. Basta de defensas corporativas, hay que ponerse al lado de las víctimas y de las familias honestas y pacíficas que están cansados de que la delincuencia toque su puerta".
