Una reunión se llevó a cabo en La Moneda la tarde de este jueves a raíz de la trama por pensiones de gracia. El lapidario informe que Contraloría presentó en la comisión de la Cámara que indaga las irregularidades en el otorgamiento del beneficio, derivó a una instancia de trabajo entre la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, su par de Justicia, Luis Cordero y la jefa jurídica del ministerio del Interior, Luppy Aguirre.
En ese encuentro, cotejaron los datos sobre las pensiones de gracia entregadas a partir del estallido social. Allí, identificaron 418 beneficios otorgados entre el Gobierno de Sebastián Piñera y la administración de Gabriel Boric. De ese total, 69 poseen antecedentes penales de distinta naturaleza; 21 corresponden al Gobierno anterior y 48 a esta administración.
Son esos 69 casos los que pretende tener revisados el Presidente Gabriel Boric en la semana en que retorne de sus vacaciones por Puyehue, aunque de todas formas, el Ejecutivo ya se ha convencido que al menos 17 pensiones de gracia serán revocadas por radicar en delitos de alta connotación social.
Una de ellas ya está zanjada. Así dio cuenta la ministra del Interior, Carolina Tohá, este jueves desde La Araucanía. "El Presidente de la República apenas conoció el tipo de delitos en los cuales tenían participación algunos de los beneficiarios tomó una serie de definiciones", partió indicando.
Y precisó: "La semana pasada, antes de irse de vacaciones, dejó instruido, y de hecho firmada el caso de la persona con antecedentes de pornografía infantil. Inmediatamente se debía revocar y no era uno de los casos con este daño permanente, digamos, y grave, como es la pérdida del globo ocular".
Y es que el informe que Contraloría hizo público este jueves en el Congreso, no era desconocido para el Ejecutivo. Desde diciembre que el ministerio del Interior sabía sobre el documento de la entidad y entonces ordenó un sumario para determinar las responsabilidades detrás de la falta de antecedentes para acreditar las lesiones que motivaban la entrega del beneficio. Esta omisión estaría en la Comisión Especial Asesora Presidencial en Materia de Pensiones de Gracia.
Impacto
Para hacer frente al impacto que generó la divulgación del informe de Contraloría en el Congreso, la salida comunicacional de la ministra Tohá y el subsecretario Manuel Monsalve fue reconocer que el proceso de concesión de las pensiones de gracia era incorrecto y de ahí, relevaron las modificaciones que se emplearon para requerir antecedentes penales a la hora de dirimir la entrega de los recursos.
También adjudicaron parte de la responsabilidad en el Gobierno anterior. La jefa de gabinete dijo que el procedimiento fue en virtud de lo definido en la Ley de Presupuesto el año 2021, tras un oficio del exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
Con todo, la oposición arremetió. El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, señaló que "la continuidad del subsecretario del Interior (Manuel Monsalve) está absolutamente comprometida. Creo que lo que aquí estamos presenciando es de tal gravedad, especialmente porque tenemos que formarnos una opinión acabada sobre cuál ha sido el manejo de información que ha hecho el Gobierno. Y me parece que la continuidad del subsecretario del Interior está en entredicho".
En su defensa, el subsecretario señaló que el "se cumplió rigurosamente los requisitos que establecía el procedimiento, establecido para entregar esas pensiones, procedimiento que se dictó por resolución el 4 de enero del 2022 y que no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales".
"Si usted me pregunta si eso fue un error, yo le diría que sí fue un error, pero yo no dicté ese procedimiento", aseveró, relevando que "yo sí dicté un procedimiento, la modificación de ese procedimiento, que hoy día le permite a Chile, que cuando se vaya a otorgar una pensión de gracia, exista la obligación de presentar los antecedentes penales, por lo tanto, los cuestionamientos de Contraloría tienen fundamento respecto a este punto".
