El ministro de Justicia, Luis Cordero, entregó detalles de la revocación de la pensión de gracia que ordenó el Presidente Gabriel Boric a la persona que figura condenada por almacenamiento de pornografía infantil.
En conversación con El Mostrador Radio, el secretario de Estado afirmó que "la ministra Tohá lo informó ayer y
es un decreto en trámite que el Presidente dejó suscrito el día viernes de la semana pasada".
Consultado por la razón sobre la cual no se aplicó el mismo criterio en el caso de personas condenadas por homicidio, el ministro explicó que "de las 69, el Presidente, cuando ordenó la revisión completa, la manera en que se estaba haciendo la revisión es previo informe de la comisión asesora presidencial (...) se le requirió informe para esas 69 y sobre la base de las evaluaciones que la comisión realiza, la propuesta del Presidente en torno a cada una de ellas".
En el caso de pornografía infantil, el titular de Justicia indicó que "fue un caso que se le informó al Presidente. El Presidente consideró que ese caso, por su gravedad, tuviera especial atención y eso fue la primera decisión que adoptó".
"Esta semana deberían terminar las evaluaciones del resto de los casos para que la recomendación pase al Presidente y el Presidente tome la decisión en los próximos días", añadió.
Sobre la responsabilidad que cabe en la falta de antecedentes para acreditar las vulneraciones a los derechos humanos en 10 casos de otorgamiento de pensiones de gracia, Cordero señaló que "la Contraloría en ese punto es bien clara, yo creo que en este tipo de cosas hay que remitirse al informe de Contraloría, que es la manera en que nosotros entendemos que hay un tercero independiente que formula la observación".
"Ahí pasan dos cosas bien importantes", añadió. "Lo primero es que son antecedentes incompletos y por eso Contraloría solicita a la subsecretaria que pida la complementación de esos antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que es donde originariamente se habían hecho esas presentaciones. En base al informe de auditoria, la subsecretaría del Interior y la comisión asesora ha requerido esa complementación del informe al INDH con la finalidad de adoptar una decisión respecto de esas personas".
En cuanto a la demora que ha acusado la oposición al Gobierno respecto la diligencia de revocar, el titular de Justicia llamó a comprender la responsabilidad que radica en el procedimiento.
"La oposición también ha sido Gobierno y cuando uno está en cargos ejecutivos, a cargo de medidas en la administración pública, uno tiene que tener perfectamente claro que a veces uno toma decisiones en un sector que tiene impacto en otro, y lo que el Presidente ha pedido, y le ha pedido especialmente la subsecretaría del Interior, la evaluación, en un volumen muy significativo, para poder tomar, no solo la medida de revocación, sino que además con un estándar que sea replicable en otros casos y que no se extienda indebidamente en otros".
En esa línea, ilustró que "el volumen de personas vivas que en la actualidad se les está pagando pensiones de gracia son 18 mil, nosotros hemos analizado hasta 418, hay muestras que se están haciendo en el resto, pero estas han sido las prioritarias, y yo logro entender la dinámica Gobierno oposición en el debate político, pero creo que siempre hay que tener en consideración que las decisiones ejecutivas del Estado deben adoptarse con estándares verificables y un cierto nivel de responsabilidad".
Dicho eso, relevó que "esto no es llegar y procesar información de un día para otro, y yo creo que en eso también uno tiene que evaluar, que lo que señaló el Presidente se esté cumpliendo, que es lo que se ha estado haciendo y las medidas se están adoptando, y se van a seguir adoptando en los próximos días".
