El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó la trama de revocación de pensiones de gracia que abrió un flanco para el Gobierno, en cuanto se dio a conocer un informe de Contraloría que reveló una serie de irregularidades en el otorgamiento del beneficio, a personas afectadas en el marco del estallido social.
Entre las aristas de la trama, la autoridad de Interior explicó el procedimiento con el cual se hace la concesión de los recursos, sindicándole un rol clave al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la acreditación de lesiones, que fue lo que echó en falta la entidad contralora en 10 de los beneficiarios que no presentaron sus antecedentes médicos que respaldaran tal solicitud.
Lo anterior, lo hace Monsalve aún cuando desde el INDH deslindaron responsabilidades sobre la falta de antecedentes médicos. En un comunicado, la entidad señaló que "las leyes de Presupuesto de 2021 y 2022 encomendaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos que acreditara la calidad de víctima de violaciones a derechos humanos a las personas que sufrieron lesiones en el contexto de la crisis de octubre de 2019", pero que "no hubo encargo para el INDH en cuanto a la magnitud de las lesiones y su relación causal con el menoscabo laboral de tales víctimas".
Por lo demás, el Instituto apuntó que "el otorgamiento del beneficio de la pensión de gracia, contenido en las glosas de las mencionadas leyes de Presupuesto, estaba radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, acción que ejecutó a través del Departamento de Acción Social y la comisión especial asesora. El INDH nunca intervino en este proceso y su actuación se restringió a acreditar la calidad de víctimas de las personas afectadas y que lo requirieran".
Rol clave
Sobre los antecedente médicos, Monsalve apuntó a la resolución exenta del 4 de enero de 2022 que firmó el exsubsecretario Francisco Galli.
"Yo tengo una muy buena relación con el exsubsecretario Galli, no voy a entrar en una pelea pequeña en esta materia", dijo, sobre la polémica que se generó al él aducir este jueves que "ni en la ley, ni en la glosa 12, ni en el reglamento se estableció que tenían (que presentar) antecedentes médicos", sino que habla de "afectación", lo que luego fue desmentido por la autoridad de Interior de la administración Piñera.
"La resolución que se dicta el 4 de enero del 2022 se establece en el punto dos una serie de antecedentes que tienen que estar para la revisión de los postulantes a las pensiones de gracia. Entre ellos, la ficha de postulación, el consentimiento informado, los antecedentes personales de las personas, los antecedentes médicos y la certificación de INDH", continuó.
Y añadió: "Toda esa información no la pide el ministerio del Interior.
Ningún funcionario del ministerio del Interior le pide directamente a los afectados los antecedentes médicos, los antecedentes médicos los solicita el INDH y por lo tanto, los antecedentes médicos vienen en la carpeta del INDH que llega al departamento de acción social del ministerio del Interior en el marco de la postulación".
En esa línea, detalló que "viene la ficha de solicitud, viene el consentimiento informado, viene los antecedentes personales, vienen los antecedentes médicos y viene a su vez un certificado del INDH que es muy clave".
Esto porque "el certificado del INDH en todas las personas actuales que se le entrega pensión de gracia, es un certificado muy explícito, cuando dice que el INDH, de la revisión de los antecedentes, de todos estos antecedentes, ha llegado a la convicción de que las lesiones de las personas producidas en el marco del estallido social, donde detalla la fecha en que se produjo, el lugar donde se produjo, tiene suficiente gravedad para producir menoscabo laboral. Eso dicen todos los certificados".
