Pensiones de gracia: El momento más complejo que enfrenta el subsecretario Monsalve en medio de la polémica

Si bien el anuncio del Ejecutivo de que se revocarían los beneficios había aplacado el tema, todo se reactivó cuando el jueves se conoció un informe de la Contraloría General de la República que da cuenta de que 58 de las 419 personas beneficiadas tenían antecedentes penales por condenas por estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.

Aquello volcó inmediatamente el enojo de la oposición con Monsalve, algunos incluso pidieron su salida, buscando que asuma la responsabilidad política del caso.

Los flancos del caso

Uno de los temas que complican al subsecretario son las diferencias en las cifras entregadas sobre los beneficiarios. Fue él quien en septiembre del año pasado habló de 40 pensionados con "antecedentes antiguos y por delitos menores". El informe de Contraloría apuntó ahora a 58 e Interior finalmente fijó en 69 casos. Monsalve explicó que no tiene facultades para pedir los tratos de filiación al Registro Civil y que hicieron una consulta de fuentes abiertas.

Sumado a ello, se ha abierto un conflicto entre el Gobierno y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde donde deslindaron las responsabilidades en el Ejecutivo, asegurando que no se le encargó medir la "magnitud de las lesiones" y "nunca intervino" en el proceso de otorgamiento de pensiones, sino que "su actuación se restringió a acreditar la calidad de víctimas de las personas afectadas". Monsalve respondió el viernes sindicando al INDH un rol clave en la acreditación de lesiones.

Por otra parte, se produjo una nueva pugna entre el Gobierno y la administración anterior, luego que desde La Moneda señalaran que el procedimiento que se dictó por resolución el 4 de enero del 2022 para otorgar pensiones de gracia, "no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales".

Al poco rato, personeros de ese gobierno reaccionaron y difundieron la citada resolución, donde se pedían varios requisitos. "El procedimiento establecido para el otorgamiento de pensiones de gracia establecía que necesariamente debían entregarse todos los antecedentes médicos para su otorgamiento", rebatió además el ex subsecretario del Interior Juan Francisco Galli.

Monsalve evitó polemizar con Galli y defendió que el proceso se dio en el marco de procedimientos legales y administrativos que eran "completamente insuficientes para proteger a los Presidentes de la República cuando entregaban pensiones de gracia".

Desde la oposición lo han acusado, además, de ocultar información sobre el caso, algo que niegan en el Gobierno, a la vez que resaltan que ya en el mes de julio Monsalve se abrió a que se podía revocar el beneficio. Es más, rebaten que fue él mismo quien encargó un informe en derecho sobre aquello.

En medio de toda esta polémica, hoy durante el Comité Central del PS los presentes le dieron un espaldarazo al subsecretario al aplaudirlo por su gestión en materia se seguridad, la cual fue destacada por la timonel socialista, Paulina Vodanovic.

Además, resaltó los avances en la macrozona sur, en control fronterizo y en disminución de ingresos ilegales al país. "El tema de la seguridad es el más relevante hoy día y en esto nuestro compañero Monsalve ha actuado con responsabilidad, con eficiencia y compromiso, ejecutando las tareas que corresponden en beneficio de nuestros compatriotas", sostuvo Vodanovic.

Ayer, además, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, solidarizó con él: "A mí me da pena el pobre subsecretario Monsalve, la verdad es que lo he visto tratando efectivamente de mejorar la situación en el sur, creo que ha tenido algunos avances sobre todo en el sur. Probablemente él confió en los que tiene para abajo y lo que se está viendo es que nunca debió haber confiado en esa gente y que tiene que cambiar todo su equipo".

Consultado sobre el desempeño del subsecretario, el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton (RN), reconoció que Monsalve "ha tenido una característica distinta -hasta ahora que pasó esto-, de la ministra del Interior, que al menos tenía cierta autocrítica y no le endosaba al gobierno anterior, a la legislación o los procedimientos la responsabilidad del Gobierno de tomar decisiones que son un desastre en temas de seguridad. Y, de alguna manera, autocrítica respecto a comportamientos que tuvieron en el pasado o decisiones que han tomado ahora. Eso uno tiende a valorarlo".

No obstante, Longton consideró que, a propósito de las pensiones de gracia, el subsecretario "ha tenido un comportamiento errático, no entregó la información con la transparencia que debió haberlo hecho en el espacio que era la comisión investigadora, se contradijo y derechamente faltó a la verdad. Ese comportamiento (anterior), sufrió un cambio y lo deja muy expuesto".

Según el diputado RN, "más allá de que el subsecretario está involucrado directamente a propósito de la responsabilidad que tiene, podemos establecer que la ministra del Interior es una intocable políticamente por la cercanía con el Presidente Boric o bien por lo resguardada que está por su sector político. Ella (Carolina Tohá) también tiene que que asumir el costo de esta decisión que termina firmando ella, al igual como en su momento lo hizo la ex ministra de Justicia".

En cambio, el presidente y diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, cree que hasta hoy "todas las responsabilidades políticas las ha ido asumiendo la ministra del Interior, por eso que está absolutamente desgastada. Mi impresión es que hoy ella es la vocera, la ministra Vallejo termina dando unas frases hechas que a esta altura no resisten (...) Y mi impresión es que el Presidente también se termina escondiendo bajo las faldas de la ministra del Interior".

"En tema de seguridad es lo mismo, siempre ella aparece para las malas noticias y el subsecretario Monsalve aparece para las buenas noticias. Ahí tenemos un problema de diseño al interior del Gobierno que tienen que evaluar, porque la que tiene que darnos garantía, porque es la mujer fuerte y que le vaya bien, es la ministra del Interior", apuntó.

Para Jouannet, el subsecretario Monsalve "tiene que dar respuestas claras, tuvo a la vista el 21 de septiembre un preinforme de la Contraloría sobre toda esta situación. Él fue a la comisión y ahí mismo nos dijo que los casos eran 43 y después supimos que eran 58. Además, tuvo a la vista todos los problemas que habían respecto a las pensiones que se habían entregado, el cómo se habían entregado. Creo que tiene que dar más explicaciones y aquí tienen que haber responsabilidades políticas y mi impresión es que tienen que venir desde la Subsecretaría (...) es quien debería haber advertido esto". Aunque también cree que tienen responsabilidades los ministros del Interior y de Hacienda que firmaron los documentos, así como sus equipos.

En cambio, el diputado Jaime Araya (IND-PPD), lamentó "la hipocresía de Chile Vamos en esta materia, el caso más grave de pensión de gracia a un delincuente por hechos graves es de Sebastián Piñera. Entonces lo que uno esperaría es que actuemos con sentido de Estado para resolver este problema grave (...) Entiendo que este es un tema muy atractivo para golpear al Gobierno, especialmente a Manuel Monsalve, pero eso no ayuda a construir nada y la solución parte por reconocer que este es un problema del Estado de Chile".

Pese a ello, Araya opinó que el subsecretario "tiene una larga trayectoria política, enfrentar conflictos no es una cosa nueva, permanente ha estado enfrentando en conjunto con el Ministerio del Interior la crisis de seguridad y por tanto, no creo que este sea un problema más complejo de los que le ha tocado enfrentar. Pero es importante el Gobierno en su conjunto pueda actuar frente a esta materia para que todos puedan entender que es un problema del Estado y que le tocó a esta administración".

El diputado Raúl Leiva (PS), en tanto, expuso que "al subsecretario le tocó asumir esta materia compleja, porque tiene un déficit de regulación bastante acentuado (...) es un tema complejo, la propia comisión especial investigadora y el informe de Contraloría dan cuenta de que se entregaron pensiones de gracia en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y del Presidente Gabriel Boric, con deficiencias u omisiones administrativos y eso es lo que se tiene que evaluar".

A su juicio, el subsecretario Monsalve "ha dado debida respuesta a esta problemática, asumiendo también el control y proponiendo diversas formas para poder rectificar. De hecho, ya se estableció que el reglamento debe contemplar el registro de anotaciones penales y debe liderar la modificación a este sistema. Pero lo ha hecho bien (Monsalve), ha demostrado el liderazgo que él mantiene y esperamos se pueda llegar a una solución".