Intervención militar en seguridad ciudadana, expulsión de inmigrantes y el cierre de fronteras. Fueron las solicitudes expuestas por un grupo de parlamentarios de distinto color político tras el homicidio ocurrido este sábado en contra de dos camioneros en la Ruta de la Fruta, Región de O'Higgins, por el cual cuatro ciudadanos venezolanos se encuentran detenidos.
La idea de contar con contingente militar en labores de control de orden público vino del diputado oficialista Raúl Soto (PPD), quien afirmó que "llegó la hora de actuar con medidas drásticas y extremas para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado".
"Hemos solicitado formalmente que se empiece a preparar contingente militar para ser utilizado para complementar los esfuerzos policiales en labores de seguridad ciudadana. No para quitar libertades de los chilenos sino que para resguardar la seguridad de nuestros compatriotas que están siendo asesinados, secuestrados y extorsionados", dijo Soto, quien expuso que la medida se puede decretar o por infraestructura pública o a través de un estado de excepción.
"El gobierno tiene que evaluar cuál es la mejor herramienta pero sin duda alguna que las capacidades hoy día tenemos en las fuerzas militares no se pueden seguir desaprovechando. Hay recursos humanos, hay armamento, hay tecnología, hay inteligencia en las fuerzas armadas", complementó.
Soto también propuso una "operación rastrillo a nivel nacional" que sea liderad por el Ministerio Público, con el fin de "atrapar a los migrantes irregulares que están delinquiendo nuestro país, ponerlos ante la justicia, llevarlos tras la reja y en aquellos casos que corresponda expulsarlos de nuestro país".
Lo anterior tiene que ir de la mano con el cierre de la frontera, algo en lo que también están de acuerdo desde Republicanos. "Ya estamos cansados de ver cómo extranjeros ilegales vienen a Chile sólo para delinquir y matar. Exigimos al gobierno que pare ya con el plan de regularización masiva. Cómo van a premiar a más de 180.000 extranjeros ilegales que entraron como si nada, rompiendo la ley. Eso es una burla", dijo el diputado Agustín Romero.
"Pedimos también que se forme una fuerza de tarea con carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas y el Servicio de Migraciones para acelerar la expulsión de los miles de inmigrantes ilegales que todavía están en nuestro país. Chile no necesita regularizaciones. Chile necesita expulsiones", añadió Romero.
A juicio del senador republicano, Rojo Edwards, el homicidio a los dos camioneros "es por dar rienda suelta a la inmigración ilegal y un despilfarro con el plan de empadronamiento geométrico".
Por su parte, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda manifestó que el Gobierno debe definir, junto a los gremios de camioneros, "los puntos críticos" de las rutas en el país.
"Y no me refiero solo a la Ruta 5, sino con todas las concesiones que tenemos en el país, ellos tienen una información valiosísima, que la tienen al instante, y esa información tiene que estar coordinada con las policías. Ahí hay un trabajo fino que deberíamos realizar con los vehículos robados y con las patentes adulteradas, eso se puede identificar casi inmediatamente", planteó.
En tanto, el diputado RN Diego Schalper subrayó que "vamos a defender a los agricultores con toda la fuerza que nos permite la ley y le vamos a exigir al Presidente que no sólo suspenda sus vacaciones, sino que se ponga a la cabeza de la crisis y nos diga cómo va a proteger a los campesinos, a los agricultores, a los trabajadores, a los camioneros, para que puedan hacer su trabajo. El presidente Boric tiene que disponer las medidas necesarias para permitir que el mundo de la agricultura pueda hacer su trabajo".
Por último, la diputada Carla Morales instó al Gobierno a "incrementar mayor tecnología de punta en todas las rutas que unen a nuestro país y así evitar las delincuencias con muertes de por medio. Incluso, pedir ayuda a los militares para resguardar las rutas de Chile".
