"Lo más importante para nosotros es no seguir retrocediendo en las facultades del Consejo para la Transparencia y que no se rompan acuerdos". Así de enfático es el presidente del CLPT, Bernardo Navarrete, al abordar los desafíos para el organismo en 2024, luego de dos años que no han sido del todo fáciles.
Una muestra de aquello es que el consejo permaneció 33 días sin tener a la vista los nombres que propondría, en su exclusiva atribución, el Presidente Gabriel Boric, y
que el miércoles fueron aprobados en el Senado. Se trata de
María Jaraquemada y Roberto Munita, quienes -luego que se firme el decreto presidencial- se podrán incorporar a un consejo que no podía sesionar por falta de quórum. Esto, luego que finalizara el periodo legal de 6 años de Francisco Leturia y Gloria de La Fuente.
Esa necesidad de "no retroceder" que comenta Navarrete a Emol, también se expresa en lo que venía ocurriendo durante el 2023: el consejo sesionó con tres de los cuatro integrantes que debe tener, puesto que en marzo de ese año, el Gobierno nombró a Gloria de La Fuente como subsecretaria de Relaciones Exteriores.
Además, en enero de ese año, la consejera Natalia González informó al consejo sobre su designación como miembro de la comisión experta del nuevo proceso constituyente para el periodo entre el 6 de marzo y el 7 de junio, por lo que tuvo que equilibrar ambas funciones.
La sensación al interior del Consejo es que esta trama abre dudas sobre el real compromiso por la Transparencia que el propio Presidente Gabriel Boric asumió cuando era candidato presidencial. Fue en 2021 cuando el propio CPLT invitó a los aspirantes a La Moneda a firmar por la Transparencia, Publicidad y Probidad en el ejercicio de la función pública del Estado; un decálogo de propuestas en que se comprometían a avanzar en materias legislativas orientadas a avanzar en esta materia.
Y sobre esa misma materia, hay capas más profundas que ineludiblemente han profundizado la molestia de la entidad, desde donde observan cómo las decisiones del Gobierno afectan su gestión y autonomía.
Dos controvertidas indicaciones
El 7 de noviembre de 2023, el Gobierno de Presidente Gabriel Boric ingresó indicaciones al Proyecto de "Transparencia 2.0", de las cuales el CPLT no tuvo conocimiento previo, según cuentan desde el organismo. Peor aún: acusan que las indicaciones irían en contra del espíritu con el que se ingresó la ley, que era el de ampliar las facultades del consejo, y pese a que expresaron su molestia a la Segprés, recibieron como respuesta que "esa decisión había sido tomada".
"Normalmente, en este tipo de situaciones uno siempre espera, sobre todo en cuando a indicaciones de un proyecto de ley que lleva discutiéndose hace cuatro años, que el organismo competente, que somos nosotros, sea informado de modificaciones que afectan a su gestión, porque la limitan", comenta Navarrete, quien añade que el que esta ley vea la luz es otro de los desafíos clave para la institución.
Eso sí, de las indicaciones ingresadas, hay dos en concreto que generaron molestia al interior del CLPT. La primera, apunta a la
toma de razón por la Contraloría General de la República de las instrucciones generales del Consejo para la Transparencia.
Según determina la actual Ley de Transparencia, el CPLT tiene la atribución de dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado, y esas resoluciones están exentas de trámite de toma de razón por parte de la Contraloría.
"En el fondo, esto tiene que ver con desconocer las atribuciones que la ley nos da. Estas instrucciones generales son obligatorias, y especifican cómo disponibilizar los datos o en qué tiempo, es decir, van formando la arquitectura de transparencia que todo organismo público debe cumplir", comenta el presidente del CPLT.
Pero hay otra indicación controversial, relacionada con la eliminación de la obligación de registro y publicación de las audiencias entre autoridades.
"La pregunta es, por qué un Gobierno, que uno debería entender por los compromisos de transparencia y acceso a la información, quita una indicación que además estaba consensuada".
Bernardo Navarrete, presidente del CPLT
El proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputadas y Diputados en el primer trámite contemplaba la incorporación de un nuevo artículo décimo sexto, el cual establecía, con ciertas excepciones que se indicaban la obligación de publicar –como una obligación de transparencia activa–, las audiencias o reuniones sostenidas entre ministros de Estado y subsecretarios, diputados y senadores, ministros y fiscales judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia, fiscal nacional y fiscales regionales, entre otros.
No obstante, las indicaciones del Ejecutivo proponen eliminar dicha obligación de publicación de las referidas audiencias, lo que según el CPLT constituye un retroceso respecto del proyecto de ley aprobado en instancias previas, rebajando los estándares de transparencia y publicidad establecidos por otras instancias legislativas.
"Esto era muy importante, porque nosotros nos preocupamos del lobby ascendente o descendente, pero no entre autoridades, y esto es un elemento central de cómo funcionan las democracias. Los ministros son designados por el Presidente de la República, y se deben al programa e instrucciones que reciben del Presidente, pero son instancias donde deben autocontrolarse también", comenta Navarrete.
Es más, comenta que si hoy hubiera existido esa norma que regula el lobby entre autoridades, los ministros que asistieron a la casa de Pablo Zalaquett, "tendrían serias dificultades para explicar este segundo nivel de exigencia, porque hay reuniones donde los ministros son centrales a la hora de discutir legítimos intereses, preguntas o discusiones que se hayan hecho".
"La pregunta es, por qué un Gobierno, que uno debería entender por los compromisos de transparencia y acceso a la información, quita una indicación que además estaba consensuada", reflexiona el presidente del CPLT.
