Hasta la Fiscalía Nacional, llegaron este lunes -por separado- diputados la bancada UDI y del Partido Social Cristiano, para reforzar la ofensiva para buscar las responsabilidades por el otorgamiento de pensiones de gracia, en el marco del estallido social.
Desde el gremialismo, solicitaron al Ministerio Público que en el marco de la investigación de oficio por las irregularidades detectadas en la entrega de las pensiones de gracia, se extienda la indagatoria no sólo a los funcionarios públicos involucrados, sino que también contra las personas que habrían recibido el beneficio mediante información fraudulenta o errónea.
Al respecto, el diputado Juan Antonio Coloma comentó que "es evidente que aquí se configuran dos delitos, el fraude al fisco, porque se entregan recursos con plata de todos los chilenos a personas que no cumplían los requisitos para obtenerlo. Y segundo, obtención fraudulenta de beneficios sociales, esto sumado a una hipotética prevaricación administrativa, a nuestro juicio, lo que hace es configurar una serie de delitos en los cuales se ha incurrido al otorgar estas pensiones de gracia que, a mi juicio, deben ser subsanados a la brevedad".
Con ello, agregó que "la obtención fraudulenta busca perseguir a las personas que adulteraron o entregaron antecedentes falsos y lo segundo, el fraude al fisco a quienes otorgaron estos beneficios, sin haber recibido los documentos o haber cumplido los requisitos".
Según el diputados, las responsabilidades están el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Ministerio Interior, en quienes firmaron también los beneficios.
Por su parte, el diputado Henry Leal recalcó que "nosotros creemos que se deben revocar las pensiones a todas las personas que tengan antecedentes penales, si alguna persona se vio afectada por un acto donde intervino un agente del Estado, esa persona tiene todo el derecho a recurrir a los tribunales de Justicia y pedir una reparación con una sentencia judicial, pero no a través de una pensión de gracia".
Por ello, llamó "revocar a todos quienes tengan un antecedentes judiciales, a los 69 casos y no solamente a ellos, hay 39 casos que detectamos -en la comisión investigadora- que tienen pensiones por lesiones leves, heridas que tardan una semana en sanar (...) también exigimos que se le revoque la pensión".
"Lo que no puede ocurrir es que aquí no pase nada y se termine con un funcionario de Interior despedido o sumariado, aquí tienen que asumir las autoridades políticas, entre el INDH y la subsecretaria del Interior están las responsabilidades", sostuvo Leal.
Salida directora INDH
En tanto, las diputadas del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha y Francesca Muñoz, ingresan una denuncia a la Fiscalía por el caso pensiones de gracia.
"Acabamos de ingresar esta denuncia por los eventuales delitos de prevaricación y fraude al fisco por quienes resulten responsables por las desprolijidades que hay en la entrega de las pensiones de gracia (...) en el contexto de que no se exigieron todos los informes médicos que correspondían, donde también hay personas que están recibiendo más de un beneficio estatal. Lo que no corresponde, y que decir de las personas que están recibiendo las pensiones de gracia que tienen condena de abuso sexual, pornografía infantil y otros tantos delitos", sostuvo Muñoz.
Las diputadas además pidieron la renuncia la directora del INDH, Consuelo Contreras. Esto, pues de acuerdo a Concha, "de forma directa o indirecta aquí también es responsabilidad del INDH, si bien es cierto, no tienen todas las herramientas para hacer el seguimiento a cabalidad de la información concreta, también han sido responsables de todos los informes que nos hemos ido enterando".
