La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, afirmó este jueves que la relación del organismo con el Gobierno es "buena" y desdramatizó la tensión existida a raíz de la polémica por las pensiones de gracia otorgadas en el marco del estallido social.
Consultada el respecto, Contreras afirmó que "yo creo que es una buena relación (con el Ejecutivo) como siempre la tiene el instituto con los gobiernos, no hay problema".
Ante la pregunta sobre las recriminaciones mutuas por las pensiones de gracia, la directora puso paños fríos: "Eso es parte de nuestro trabajo, nuestro trabajo es señalarle al Estado cuando viola Derechos Humanos y cuando está en esa línea. Siempre es una relación que tiene momentos de mayor o menor tensión, eso ocurre desde que el instituto se creó el año 2010. Somos la institución autónoma creada para señalarle al Estado cuando está violando Derechos Humanos y por tanto, siempre existe esa fricción".
En relación a si le faltaron antecedentes al subsecretario Manuel Monsalve, cuando responsabilizó al INDH de los problemas en el proceso, Contreras apuntó que "sin lugar a dudas faltaron antecedentes".
La acreditación del INDH
Desde el organismo han explicado las etapas que tuvo el proceso de acreditación hecho por el instituto de víctimas de violaciones de DD.HH. durante el estallido. En primer lugar, se recopilaron los antecedentes en sedes regionales para establecer a la víctima, la fecha en que ocurrió el hecho y si había un menoscabo laboral producto de lo que sufrió.
En una segunda fase, la Unidad de Estudios y Memoria validó los antecedentes y en una tercera, el jefe regional validó la información recogida.
Luego, se produjo la anonimización de los antecedentes y se presentaron al Consejo del INDH. En una etapa de decisión, aclaran que el Consejo acreditó 442 víctimas, en su mayoría por unanimidad de los consejeros. Tras esto, se envió el expediente con la certificación al Ministerio del Interior.
"Hicimos los filtros de manera computarizada, se les fue asignando números (a las víctimas), por lo tanto, nunca supimos (los consejeros) los nombres de las víctimas a quiénes estábamos acreditando, solamente el número que se le había dado a sus carpetas", apuntó Contreras.
Y agregó que "desde el primer momento señalamos que el INDH no cuenta con todas las características, ni puede cumplir los estándares para acreditar como las comisiones acreditadoras lo han hecho antes en las comisiones Rettig y Valech, lo señalamos a los distintos gobiernos. Sin embargo, estábamos obligados por la Ley de Presupuesto a seguir con este proceso y nos organizamos de acuerdo a los recursos que teníamos".
El tema lo conversaron en una reunión "presencial" entre los consejeros y el Presidente Boric. "Él estuvo de acuerdo de que debería haber una comisión calificadora. En el año 2023, ya el gobierno no presentó glosa presupuestaria para que continuáramos con esa tarea", acotó Contreras.
Respecto a las objeciones hechas por la Contraloría sobre los casos de personas sin antecedentes médicos o con problemas en éstos, Contreras dijo que "la Contraloría nos ha solicitado iniciar un procedimiento sumario, ya iniciado ese procedimiento hemos definido al fiscal a cargo y el actuario, por tanto ya empezamos las indagatorias".
Sin embargo, en la institución aseveran que en varios casos hay antecedentes, pero han sido considerados insuficientes por el órgano contralor. Además, el INDH no cuenta con equipos médicos para realizar sus propios exámenes, por lo que más bien se recopilaron esos antecedentes.
Contreras, en tanto, aclaró que "nunca supimos si los casos que nosotros habíamos enviados (al Gobierno) todos recibieron o no pensiones".
Por otra parte, al interior del organismo además sostienen que el Gobierno entregó las pensiones de gracia de acuerdo con lo establecido en la Ley 18.056 que le confiere amplias facultad al Mandatario para dar el beneficio y no por la Ley del Presupuesto que requería acreditación del INDH. La primera ley implicaba que las personas deberían ser examinadas por un servicio de salud estatal, pero eso no ocurrió.
