La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el Ejecutivo revocará 27 pensiones de gracia entregadas en el marco del estallido social a personas que cuentan con antecedentes penales. De estas, 21 se otorgaron durante la administración del Presidente Gabriel Boric y seis en el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera.
Tohá detalló que el Ejecutivo "hizo la revisión completa, lo pasó por la comisión, chequeo y, en definitiva, el presidente de la República que tuvo la palabra final".
La decisión del Gobierno no cayó bien en la oposición ya que hay 69 casos de personas con antecendetes penales que reciben el benficio y apuntan a que revoquen todas.
El diputado Henry Leal (UDI), quien se desempeñó como presidente de la comisión investigadora que ingadagó irregularidades en la entrega del beneficio, calificó de "absolutamente insuficiente" la decisión del Gobierno. Asimsmo, dijo que habrá una segunda comisión investigadora, para la cual ya tienen las firmas necesarias y que se conformará en marzo luego del receso legislativo.
"Nuestra opinión es que se deben revocar todas las pensiones de gracia entregadas a personas con antecedentes penales, y no solo eso, también a los 39 casos en que fueron entregadas a personas que solo tenían lesiones leves, lo que significa que esas personas pueden trabajar y además reciben un pensión del gracia. Son 69 casos con condenas penales y 39 caoss de lesiones leves", señaló el parlamentario.
Agregó que "si alguien se siente agraviado o fue víctima de algún agente del Estado que atentó en sus derechos fundamentales, tiene el derecho ir a la justicia y pedir una reparación económica vía indemnización como lo hacen todon los chilenos que son víctimas de algún delito".
Por su parte, la presidenta de la comisión de Desarrollo Social, Marlén Pérez (UDI) - instancia que revisó las modificaciones para la entrega de este beneficio - sostuvo que "es absolutamente inexplicable que el Presidente Boric haya decidido revocar apenas 27 de las 69 pensiones de gracia otorgadas a personas con antecedentes penales, muchos de los cuales la propia Contraloría General de la República los calificó como graves".
"Lo que aquí debió haber hecho el Gobierno era reconocer inmediatamente su error, remediarlo y dejar sin efecto la totalidad de las pensiones otorgadas no sólo a estas 69 personas con antecedentes delictuales, sino que también a quienes obtuvieron el beneficio entregando información confusa". añadió.
En esa línea, anunció que oficiará al Ministerio del Interior para que se den a conocer el detalle de esta decisión, tanto de estas 27 pensiones que decidieron revocar, como de las otras 42 personas que, aún teniendo antecedentes penales, seguirán recibiendo una mensualidad de por vida.
No convence del todo en el oficialismo
Por su parte, la diputada María Candelaria Acevedo (PC), quien advirtió recurrir al Tribunal Constitucional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la discusión del proyecto que modifica el otorgamiento de pensiones de gracia, sostuvo que "lo que ha establecido el Ejecutivo se da en el marco de sus facultades y espero que sean en base al merito de los antecedentes".
"Por mi parte, mantengo que quienes han visto violados sus derechos fundamentales por parte de agentes del Estado, deben tener una reparación y si han cometido algún delito, tendrán que afrontar esa situación, pero eso no debe tener directa vinculación con la pensión recibida. Son caminos paralelos", agregó.
Finalmente, dijo que "esta situación se podría evitar de existir una ley de reparación, por lo que insistiré en que se pueda presentar ese proyecto y así separar las aguas entre un beneficio y otro".
Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) valoró la iniciativa del Gobierno de revocar 27 pensiones de gracias, pero espera que "se sumen otras más". En esa línea sostuvo que "tanto el Presidente Boric como el Presidente Piñera se equivocaron entregando pensiones de gracia a persona sa que son un peligro para la sociedad".
Otras visiones
El diputado Andres Jouannet (Amarillos), dijo que "aquí se demostró que el presidente finalmente terminó entregándole pensiones de gracia a delincuentes, entregándole pensiones de gracia a personas que no tenían antecedentes, entregándole pensiones de gracia a pedófilos, entregándole pensiones de gracia a personas que tienen antecedentes de violencia intrafamiliar, entregándole pensiones de gracia a personas que nadie le había causado daño".
"Yo creo que hoy día el gobierno tiene que estudiar profundamente otra situación que es repensar el Instituto de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos hoy día ya no da garantías de defensa de los derechos humanos a todos los chilenos, sino que lamentablemente a un grupo de personas, y en este caso se preocupó fundamentalmente de defender los derechos humanos de gente que no se le había vulnerado los derechos, por tanto hoy día el Instituto de Derechos Humanos no da garantías", agregó.
La diputada Karen Medina (PDG) valoró la decisión del Ejecutivo: "Obviamente, es la correcta y espero que se sigan también evaluando el resto de las pensiones entregadas en esta situación de estallido social. Y lo otro que deberían dar una vuelta es qué tipo de pensiones de gracia estamos entregando basado en qué requisitos".
En esa línea, la diputada Carla Morales (RN) dijo que "me parece positivo que el Gobierno vaya a revocar 27 pensiones de gracia. Lamentablemente lo hace después que Contraloría emitiera un informe escandaloso que terminó acorralando al Ejecutivo y obligándolo a tomar esta decisión (...) Me quedo con lo positivo, al menos en 27 casos esos recursos no serán malgastados y podrán destinarse a reales necesidades que tiene el país, como mayor inversión en seguridad, en salud, entre otras urgencias".
