Consejo de Defensa del Estado
El Mercurio
Este martes,
el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal en contra de la representante legal de la Fundación Procultura, María Constanza Gómez, por el delito de
apropiación indebida, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder a otras personas y a la querellada por otros hechos y delitos, de acuerdo con los avances de la investigación penal.
El Código Penal establece que se aplicarán penas privativas de libertad "a los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla (…)".
Dicho ilícito, sostiene el CDE en su querella, se habría configurado mediante la suscripción de cuatro convenios de transferencias de recursos entre la mencionada fundación y la Seremi de Vivienda y el Serviu –en el marco del Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta– a los que se añadió un quinto correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios, por la suma total de $545 millones.
El CDE señaló que, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, una vez suscritos y aprobados los convenios se procedió a transferir sin más trámite y en una sola cuota los recursos fiscales a la mencionada fundación. Sin embargo, en el transcurso del plazo otorgado para la ejecución de las actividades comprometidas se detectó una serie de incumplimientos de carácter grave y/o reiterados, tanto en el avance físico como en la rendición financiera de las iniciativas, que conllevaron a que la Seremi procediera a ponerles término anticipado.
Asimismo, el documento detalla una serie de irregularidades en el cumplimiento de responsabilidades.
Cabe destacar que el CDE presentó ante el Primer Juzgado de Letras de Antofagasta una medida prejudicial precautoria de retención de bienes determinados sobre los fondos que se encontraran disponibles en la cuenta corriente de la Fundación Procultura. Sin embargo, la entidad bancaria informó que dicha fundación no poseía fondos en su cuenta.
"De todo lo anteriormente expuesto es posible colegir que la Fundación Procultura, que actúa en Derecho representada por la querellada María Constanza Gómez Cruz, distrajo y se apropió indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico estipulado en los propios convenios", señala la querella del Consejo.
