Esta mañana, el Gobierno endureció el tono a raíz de la eventual
adquisición de automóviles de lujo para los ministros de la Corte Suprema. Según se conoció, son 22 los vehículos que serían adquiridos, lo que implica un desembolso de $1.200 millones.
Ayer, la Dirección de Presupuestos (Dipres) salió al paso de la polémica, y aseguró que "la Ley de Presupuestos 2024 aprobada por el Congreso no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial. Si bien se solicitaron recursos para aquello, estos no fueron incluidos en la propuesta enviada al Congreso por parte del Ejecutivo". Añadieron en esa línea que "el Ministerio de Hacienda no ha realizado ninguna modificación presupuestaria al respecto".
Frente a las dudas, y la posibilidad de que se reevalúe la compra de los autos de lujo, la ministra del Interior, Carolina Tohá golpeó la mesa y descartó que exista una polémica en torno a la eventual adquisición. "
Aquí no hay ninguna polémica, esa compra no está visada. No es un tema de un polémica, objetivamente no está visada, esa glosa no está activada en este momento", subrayó.
Por su parte, el ministro de Justicia (s), Jaime Gajardo, comentó que "en términos presupuestarios, no existe formulación presupuestaria para ese ítem, sin embargo, el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto, sin embargo, si ellos consideran que tienen los recursos disponibles, eventualmente podrían realizar esa compra".
"Lo importante acá, es que desde la formulación presupuestaria no se ha dado autorización para que se gaste en ese ítem en particular, y es el Poder Judicial el que tiene que responder respecto a la ejecución misma del presupuesto", aclaró.
De todas formas, subrayó que en esta materia hay "instrucciones de autoridad de parte del Gobierno, en cuanto a monto máximo o tope que tiene los autos que se van a renovar, y también el plazo que se requiere para la renovación".
Consultado por la posibilidad de frenar la compra, Gajardo enfatizó en que "no es un problema de visado o no. En la formulación presupuestaria que se hizo para este año, y en la autorización presupuestaria que hizo el Legislativo, hay recursos para ese ítem en términos generales. Cómo se ejecutan los recursos de ese ítem depende del Poder Judicial, porque son un poder autónomo, y además que ellos, independientemente, ejecutan su presupuesto. Lo relevante es que el Poder Judicial es quien tiene que responder cómo va a realizar la ejecución de ese presupuesto".
Ley de Presupuesto
Según detalla el artículo 12 de la Ley de Presupuestos, "los órganos y servicios públicos regidos presupuestariamente por el decreto ley Nº 1.263, de 1975, con exclusión del Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, necesitarán autorización previa de la Dirección de Presupuestos para adquirir a cualquier título, tomar en arrendamiento o convenir que les sean proporcionados, mediante cualquier tipo de contrato, toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y/o de carga, que no formen parte de un proceso de Compras Coordinadas comunicado por la Dirección de Compras y Contratación Pública y autorizado por la Dirección de Presupuestos".
De ahí se desprende entonces que, efectivamente, el Poder Judicial no necesita contar con una autorización de la Dipres para comprar, en este caso, autos. Esto, además, sustenta la defensa de Hacienda, cartera desde donde señalaron que no aprobaron dicha adquisición y tampoco estaban obligados a hacerlo.
