La Corte Suprema retrocedió y dejó sin efecto la compra de 22 autos Toyota Lexus para sus ministros, adquisición que iba a costar $1.253 millones. La decisión se tomó en el pleno del máximo tribunal ayer, en medio de enredos con el Gobierno sobre si era necesaria o no una autorización hacer uso de los fondos para comprar estos vehículos.
Tras la reunión, el secretario de la Suprema Jorge Sáez dijo que "la decisión de renovar los vehículos institucionales asignados a la Corte Suprema en el año 2014, se funda en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental".
Además expuso que "si bien la Ley de Presupuesto para el año 2024 no contempló la citada renovación, lo cierto es que la Dirección de Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, comprometió el 9 de noviembre del año recién pasado ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial, (...) ratificándose el acuerdo previo adoptado por el Ministro de Hacienda con el ex Presidente de la Corte Suprema y dos Ministros Consejeros de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y el Director de esta última, que incluía la renovación de los vehículos institucionales".
Entredichos con el Gobierno
Antes de que la Corte Suprema diera pie a atrás, el Gobierno había salido al pasó para despejar cualquier incriminación. La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que "esa compra no está visada" y que "esa glosa no está activada".
Asimismo, el ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que el Poder Judicial cuenta con presupuesto propio y señaló que "en términos presupuestarios, no existe formulación presupuestaria para ese ítem. Sin embargo, el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto y, por ende, si ellos consideran que tienen los recursos disponibles, eventualmente podrían realizar esa compra".
A este lío se suma que el 26 de enero, siete días antes de que la Suprema votaran para comprar los Lexus, el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial remitió el oficio donde formalizó la petición de $1.380 millones para la renovación de los autos. Este documento no habría tenido respuesta por parte del Ejecutivo, y es por eso que desde el Gobierno sostienen que nunca se visó el monto.
Además de este documento formal, desde la Corte Suprema aseguraron que se habrían reunido con miembros del Ministerio de Haciendo en distintas ocasiones donde se habría acordado incorporar recursos para distintas áreas del Poder Judicial entre ellas, la renovación de vehículos.
No obstante, fuentes al interior de la Dipres consultadas por Emol dicen desconocer ese supuesto "compromiso de palabra", e insistieron en que no se ha aprobado ningún tipo de modificación presupuestaria que tenga como fin autorizar al Poder Judicial a renovar la flota de vehículos de los jueces de la Corte Suprema.
Leturia: La transparencia en el Poder Judicial "no funciona"
Francisco Leturia, ex presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) comenta que la autonomía con la que cuenta el Poder Judicial "es para el trabajo de ser jueces, para resolver conflictos jurídicos, pero no es para gastar las platas como se les dé la gana, tampoco para que no tengan transparencia".
"El sistema de transparencia en el Poder Judicial no funciona, ellos mismos deciden qué cosas entregar o no, si no estás de acuerdo con una decisión tienes que acudir a ellos mismos, y en la práctica, sabemos casos de cientos de personas que han pedido información delicada y no la entregan, es decir, no hay verdaderamente transparencia y ese es un déficit institucional bien grande".
Francisco Leturia, ex presidente del CPLT
En esa línea, subraya que este tipo de situaciones, como la controversia de los autos de lujo, se conocen "por casualidad". Por eso, recalca que "el sistema de transparencia en el Poder Judicial no funciona, ellos mismos deciden qué cosas entregar o no, si no estás de acuerdo con una decisión tienes que acudir a ellos mismos, y en la práctica, sabemos casos de cientos de personas que han pedido información delicada y no la entregan, es decir, no hay verdaderamente transparencia y ese es un déficit institucional bien grande".
Este escenario, añade Leturia, se replica en otras instituciones. "De hecho, en este momento, uno de los problemas que tiene Chile es que ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, ni el Tribunal Constitucional, ni la Contraloría, entre otras, no tienen normas de transparencia, o tienen normas ridículas en esta materia", subrayó.
La polémica por los autos Lexus, a juicio de Leturia, es también una decisión "que mostró falta de criterio y prudencia. Cuando alguien tiene una aproximación tan equívoca con la realidad y con las reacciones que sus actos que obviamente iban a generar en la población, hay que pensar que estos actos nunca vienen solos, es un patrón, lo que hace más urgente quitarles o separarlos del trabajo que no hacen bien, que es la administración de recursos".
"Desconexión" y "mala evaluación" ciudadana
Consultados por Emol, expertos centran su análisis en los efectos que tiene este episodio para la imagen de la Corte Suprema y en la relación que quedan respecto al Gobierno, a partir de las versiones cruzadas por el 'visado' de los recursos.
Para Sebastián Salazar, coordinador académico Núcleo Constitucional UAH, la relación de la Suprema con la ciudadanía se mantiene en "una falta de confianza ante esta institución. El Poder Judicial, en general, es una de las instituciones que tiene las menores valoraciones de confianza por parte de la ciudadanía, es parte también de la crisis sistémica institucional que ha vivido el país en los últimos años, y estos hechos puntuales vienen a mantener esa desconfianza".
"(Este tipo de situaciones) muestra una eventual desconexión entre los ministros de la Corte Suprema y la ciudadanía, por lo tanto uno esperaría que pudieran estar en mejor sintonía con la crisis económica que vive el país y puedan dar muestras de mayor austeridad".
Sebastián Salazar, coordinador académico Núcleo Constitucional UAH
Este tipo de situaciones, además, "muestra una eventual desconexión entre los ministros de la Corte Suprema y la ciudadanía, por lo tanto uno esperaría que pudieran estar en mejor sintonía con la crisis económica que vive el país y puedan dar muestras de mayor austeridad".
En la misma línea, Tomás Duval, analista político y académico de la U. Autónoma, recuerda que según la encuesta Cadem -que tiene una serie de datos respecto a enero de este año- "los tribunales de justicia se ubican en el quinto lugar de los niveles más bajos de aprobación, con sólo un 32%".
"Desde esa perspectiva, sólo profundizan la mala evaluación pública de su gestión, lo cual sin duda es un tema inquietante cuando la delincuencia sigue siendo la mayor preocupación ciudadana y quizás podría relevar una cierta desconexión entre la justicia y la ciudadanía, lo cual indudablemente no es bueno para el país", apuntó el experto.
Frente a la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, Duval comenta que la visión de "corto plazo" del Gobierno, en su intento de obtener "réditos rápidos", lo llevaron a "cometer desprolijidades e involucrarse sin claridad en asuntos de otro poder del Estado, lo cual suma una tensión innecesaria el actual contexto político, más aún cuando las designaciones gubernamentales en el Poder Judicial se habían hecho sin mayores dificultades".
Salazar apunta que en rigor no hay un conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, sino que "se creó una falsa problemática, toda vez que el Poder Judicial es autónomo. El Ejecutivo, lo único que hace, es que a través de la ley de presupuestos otorga los fondos que se conversan año tras año, pero la manera de asignarlos o las redistribuciones, son decisiones autónomas".
No obstante, el analista opinó que lo que se esperaría en este punto es que "las autoridades, tanto del Ejecutivo y del Poder Judicial aclararan bien los puntos respecto a sus ámbitos de competencias".
