El juez Daniel Urrutia volvió a posicionarse al centro de la polémica luego de que se conociera que el pasado 25 de enero autorizó la realización de videollamadas a cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
Decisión que no solo despertó gran preocupación en Gendarmería, quienes advirtieron que esto "pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada", sino que también del mundo político.
El diputado Raúl Leiva (PS), presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, dijo que se trata de una "situación muy compleja, que no se condice con el nivel de peligrosidad de la principal banda de crimen organizado que opera en nuestro país (…) esperamos que la Corte de Apelaciones enmienda este tipo de situaciones, que ponen en riesgo una de las principales investigaciones de crimen organizado en nuestro país".
Por su parte, la senadora Luz Ebensperger (UDI), presidenta de la comiión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de la Cámara Alta, indicó que "me parece extremadamente grave, más aún cuando estamos hablando de la cárcel de alta seguridad y también creo que dicha resolución está al filo de la ilegalidad cuando ya a fines del año pasado se aprobó la ley que prohíbe la tenencia de aparatos celulares o cualquier otro que permita mantener contacto con el exterior".
"Espero que la Corte de Apelaciones revoqué esta medida del Juez Urrutia por lo que puede significar que delincuentes de tan alta peligrosidad puedan tener contactos con el exterior lo que les permitiría seguir delinquiendo desde la cárcel y también creo que pone en riesgo la adecuada administración por parte de gendarmería de dichos recintos y a los propios gendarmes", agregó.
En esa misma línea, el parlamentario José Miguel Castro (RN), indicó que "siempre se tiene que respetar el criterio del Poder Judicial, pero al parecer algunos jueces no están entendiendo nada. Ese es el caso del juez Urrutia, me parece que está totalmente desconectado con lo que estamos viviendo todos los días los chilenos, son justamente estas clases de reos los que nos tienen frente casas de tortura, gente asesinada en las carreteras o bandas delictuales disparándole a nuestras Fuerzas Armadas en las fronteras".
"Si este tipo de jueces no entiende la realidad, vamos a tener que legislar para quitar la posibilidad de entregar este tipo de beneficios a reos sumamente peligrosos", agregó.
El senador Iván Moreira (UDI) emplazó al Poder Judicial a remover de sus funciones a Urrutia: "Este juez ha traspasado todos los límites. Con este juez peligroso es hora que la Corte Suprema actué expulsándolo. Podría estar cometiendo delito, la peor señal se le da a los chilenos, un juez burlón con sus acciones y quien gana es el crimen organizado".
"Un juez al igual que la fiscal Chong, activistas políticos que no hacen justicia sino venganza. La Corte Suprema no puede tolerar estas conductas que dañan a todos los chilenos. Espero que el Poder Judicial tome medidas ejemplares removiéndolo. Me parece que darle privilegios al crimen organizado es complicidad por la situación delincuencia en Chile", agregó.
El diputado Tomás de Rementería (PS) señaló que "me parece que esta orden - sin yo tener la capacidad para intervenir en la justicia por la separación de poderes - es totalmente contraria a la racionalidad en el sentido de que en una videollamada se puede involucrar un tercero, pueden darse informaciones relativas a drogas, a actos delictuales. Sabemos que el Tren de Aragua ha funcionado y funciona dentro de las cárceles y me gustaría que el Juez Urrutia por ejemplo, escuchara al nuevo Departamento de Inteligencia y Gendarmería para saber cómo están trabajando estas bandas dentro de las cárceles".
