Jaime Gajardo Falcón, abogado de 42 años, llegó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric como titular de la Subsecretaría de Justicia el 11 de marzo del 2022, con el inicio formal de la administración.
En los últimos días ha subrogado al jefe de la cartera Luis Cordero, quien hoy retomará sus funciones en el Ministerio de Justicia. En este corto período, Gajardo ha tenido que enfrentar dos casos muy polémicos: La fallida compra de 22 autos marca Lexus por parte de la Corte Suprema y la orden del juez Daniel Urrutia de permitir videollamadas y visitas a reos de alta peligrosidad
Gajardo Falcón, es hijo de Jaime Gajardo Orellana, dirigente gremial y reconocido militante del Partido Comunista, quien fue presidente del Colegio de Profesores por casi una década. Asimismo, es miembro de la Comisión Política del Comité Central del PC y dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Al igual que su padre, milita en el Partido Comunista; estudió derecho en la Universidad de Chile y desde ahí se ha desarrollado profesionalmente tanto el mundo público como privado. Ha sido jefe jurídico de diversas municipalidades y fue fiscal del Ministerio de Desarrollo Social durante el segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Asimismo, ha ejercido la docencia en distintas universidades chilenas y extranjeras.
También, fue pasante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha integrado, como especialista en participación política, diversas misiones de observación electoral realizadas por la OEA en países como Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Guatemala.
El 2005 compitió por un puesto en la Cámara de Diputados por el antiguo distrito 21 que incluía a Ñuñoa y Providencia y no salió electo.
Compra de autos de lujo
Ante la ausencia de Cordero, el ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, abordó la controversia que se generó luego de que el Poder Judicial aprobara la adquisición de 22 vehículos de alta gama por $1.253 millones. La polémica escaló a La Moneda cuando la Corte Suprema señaló que Hacienda habría visado esta compra, lo que tensionó la relación entre ambos poderes del Estado.
En ese contexto, Gajardo señaló que "en términos presupuestarios, no existe formulación presupuestaria para ese ítem, sin embargo, el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto, sin embargo, si ellos consideran que tienen los recursos disponibles, eventualmente podrían realizar esa compra".
"Lo importante acá, es que desde la formulación presupuestaria no se ha dado autorización para que se gaste en ese ítem en particular, y es el Poder Judicial el que tiene que responder respecto a la ejecución misma del presupuesto", aclaró.
Beneficios a reos de alta peligrosidad
Gajardo también tuvo que enfrentar la última decisión que tomó el juez de garantía, Daniel Urrutia, quien permitió que reos de alta peligrosidad del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad pudieran mantener videollamadas y ser visitados por familiares.
En un amplio despliegue comunicacional, hablando con varios medios durante el fin de semana, el ministro subrogante calificó de "gravísima" la resolución ya que "pone en riesgo no solo la seguridad de los funcionarios del establecimiento penal", sino que también la seguridad de la sociedad.
"Aquí tenemos los líderes de clanes que han generado crímenes que son horrendos: extorsiones, trata de personas, secuestros, homicidios. Estas personas se organizan para cometer crímenes y, por lo mismo, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior. Permitirles videollamadas es dejar en cero aquello", consignó Mega Investiga.
En conversación con El Mercurio, en tanto, y en respuesta a los argumentos de Urrutia para brindar este beneficio apuntando a normas de Naciones Unidas, por ejemplo, Gajardo destacó que "en todo Estado democrático y constitucional de Derecho, los derechos fundamentales se pueden restringir (...) Si revisa tanto los tratados internacionales como la Constitución Política de la República, en el artículo 19, en el cual se incorporan los derechos fundamentales, todos los derechos fundamentales, y todos los derechos que contienen los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, no son absolutos, permiten limitaciones y restricciones".
