Juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia.
Aton
El ministro de Justicia,
Luis Cordero, se refirió a la acusación del juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, quien aseveró haber recibido amenazas de muerte tras su autorización de permitir videollamadas para reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (
REPAS), entre ellos los imputados por el crimen del cabo Daniel Palma.
El magistrado ingresó el pasado viernes un escrito en respuesta al requerimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago por su polémica decisión, donde afirmó haber recibido cerca de siete amenazas de muerte por redes sociales.
El titular de Justicia sostuvo hoy que "supongo que si esas denuncias las ha recibido el juez Urrutia, han sido oportunamente comunicadas a la autoridad respectiva que sería el Ministerio Público para estos efectos.
El Ejecutivo no tiene constancia en antecedente de eso".
Respecto a la resolución del magistrado, sostuvo que la determinación "contraviene las normas que regulan establecimientos penitenciarios de máxima seguridad" y que "no se han comprometido los derechos de las personas que están privadas de libertad al interior del establecimiento".
Sobre ello, agregó que "el Ejecutivo tiene una sola opinión y es que, dada la naturaleza de la condición procesal de las personas que están ahí, (...) es razón más que suficiente para sostener la ilegalidad de esa decisión".
En tanto, la jueza Ana Gloria Chevesich, integrante de la Corte Suprema, también se refirió a la acusación del juez Urrutia y sostuvo que "es un asunto que preocupa a la Corte Suprema, en cuanto que todos los jueces, las juezas de los diferentes tribunales del país, tienen que tener la máxima tranquilidad para poder desempeñar sus funciones".
