La polémica surgió a raíz del nombramiento de la vocera de Gobierno, Camilla Vallejo (PC), como ministra enlace en la Región de Valparaíso en reemplazo de la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), quién realizó la misma función antes.
Rápidamente llegaron los cuestionamientos por parte del Partido Socialista, quienes apuntaron a que el Presidente Boric privilegió un perfil político, además de generar dudas sobre una posible relación con la competencia senatorial que enfrentará al sector en la región el año que viene.
En este contexto, el diputado del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, dijo a Emol que "es evidente que la carrera electoral está de una u otra manera ya presente al interior del Gobierno y eso es preocupante, eso no puede ocurrir porque cuando se mezclan intereses electorales con la agenda oficialista, a veces terminan primando los intereses individuales y electorales".
Asegurando que "no se pueden tomar decisiones por presiones políticas electorales, por intereses de determinados liderazgos respecto de un territorio".
En miras de las próximas elecciones, Soto manifestó que "se acerca la hora en que el Presidente va a tener que tomar la decisión de sacar a todas las personas que tengan intereses electorales y que se dediquen a hacer sus campañas pero que no estén utilizando la plataforma del Gobierno, porque eso es nocivo".
Indicando que "uno no puede estar pensando en mandar a tal o cual ministra en función de qué cargo quiere ejercer el día de mañana en tal o cual territorio (...) Eso no puede estar afectando la gestión de Gobierno, es un disparo en los pies y eso se tiene que acabar".
Al ser consultado por la vuelta de vacaciones del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, quien fue sindicado como responsable de llevar la crisis relacionada al caso Convenios a la sede de Gobierno, expresó que "hay que tomar las palabras como de quien vienen".
Manifestando que "el ex seremi está imputado, es uno de los principales investigados en el caso, entonces cualquier cosa que diga puede obedecer a una estrategia judicial y comunicacional".
Dicho lo anterior, dijo que "es evidente que acá faltan explicaciones todavía, falta claridad respecto de cuál fue efectivamente el rol que cumplió Crispi en el caso Convenios".
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