"Han habido muchos robos y vandalizaciones en las escuelas", "reiterados robos" y "los colegios se han visto afectados por destrozos y robos", son algunas de las declaraciones de diversas autoridades relacionadas a la región de Atacama y a la crisis de educación que enfrenta.
Evidentemente, son múltiples las denuncias que se han realizado por la situación que enfrentan los establecimientos educacionales del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, los que han sufrido robos a lo largo del proceso de mantención que se les esta realizando, lo que se han convertido en uno de los factores por los que estos se encuentran atrasados.
Recordemos que hace un par de días el Colegio de Profesores y Profesoras arremetió nuevamente contra el Gobierno, asegurando que los trabajos prometidos no habían comenzado. Situación que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, rápidamente salió a aclarar, manifestando que estos ya habían comenzado pero que se encontraban con retrasos.
Entre los motivos señaló que recién a principios de febrero pudieron contar con el nombramiento de directora ejecutiva a pesar de haber presentado una norma en diciembre, la que fue rechazada y tuvo que volver a ser presentada en enero, cuando fue aprobada. La situación anterior hizo "perder un mes completo de trabajo".
Sin embargo, ha sido otro el factor más mencionado: los robos que han sufrido los establecimientos. Hay que recordar que son 43 los recintos del SLEP Atacama que deben someterse a reparaciones, dentro de los cuales muchos han sufrido vandalizaciones.
De hecho, según cifras entregadas por la Segunda Comisaría de Copiapó, son 13 los delitos constatados de robo en lugar no habitado que ocurrieron en establecimientos educacionales entre el primero de enero y el 15 de febrero de este año.
En este contexto fue que Cataldo manifestó su sorpresa ante esta inusual cantidad. "Han habido muchos robos y vandalizaciones en las escuelas de manera inusitada (...) nos parece muy extraño la intensidad que ha tenido el tema de vandalizaciones y robos".
Agregando que "han habido casos en los que han entrado establecimientos educacionales sólo a destruir, lo que me lleva a sospechar (de la situación)". Y es que según expresó el jefe de Educación, hay un aumento exponencial de los casos de robos y de vandalizaciones respecto al año anterior. Asegurando que "en menos de un mes hay más de 30 robos y vandalizaciones, y hay más de 300 si yo sumo el periodo 2023", calificando la situación como "descabellada".
En este contexto comentó que "cuando además uno ve el tipo de delito que se comete donde solamente entran a romper, a mí me queda la sensación de que hay personas que están tratando de que esto se obstaculice aún más". Manifestando que, en este caso, "hay una situación que no es normal, que no se explica solamente por el hecho de robar para obtener bienes materiales, porque ni siquiera es el caso. (...) Puede ser un intento de boicot".
Al parecer, la situación es crítica, porque no fue la primera -ni la última- autoridad que manifestó esta preocupación. De hecho, el gobernador regional, Miguel Vargas, dijo a Emol, que la realidad de los recintos se ha complejizado mucho debido a que "los colegios se han visto afectados por múltiples robos y destrozos".
Aun más drástica fue la declaración de la directora del SLEP Atacama, Cecilia Brito, quien expresó que "el diseño original (de las mantenciones) se vio afectado por los robos que cambiaron algunas prioridades", ya que estos afectaron los servicios de agua y gas de algunos establecimientos.
De hecho, según Brito, los "reiterados" robos -que han implicado el hurto de cañerías, computadores y múltiples destrozos- llevaron a que el servicio local participara de una mesa de seguridad, en conjunto con Carabineros, la PDI y la Fiscalía para solicitar apoyo, asegurando que son cerca de 30 ataques los que han sufrido desde el primero de enero a la fecha.
Frente a la situación, la directora ejecutiva aseguró que hicieron "contratos para poner guardias en establecimientos siniestrados, de día y de noche, para que lleguemos en las mejores condiciones a marzo".
Visita externa a terreno
La presidenta de la Fundación Escuelas Abiertas, María Teresa Romero, viajó en diciembre a la región, donde fue testigo de esta realidad y señaló que el desuso de los lugares genera un mejor panorama a estos hechos. "Así como hemos visto y se ha evidenciado el aumento de la violencia y los robos en el país, las comunidades escolares tampoco están ajenas a sufrir desmanes en sus salas de clases, aún más si los establecimientos han estado cerrados durante tanto tiempo debido al paro y luego el receso de verano", aseveró.
"En diciembre fuimos testigos de cómo los delincuentes rompen puertas y cercos perimetrales por robar material didáctico. Estuvimos en un colegio que colinda con una toma, un lugar muy vulnerable que ha sufrido las consecuencias de robos y saqueos", añadió.
En cuanto a las posibles soluciones, manifestó que "se deben designar mayores recursos para resguardar la seguridad de los establecimientos educacionales con apoyo tecnológico, guardias y personal de Carabineros que entreguen mayor tranquilidad no solo por lo material sino que para toda la comunidad escolar".
Finalmente, añadió que "los sostenedores y autoridades deben trabajar en conjunto con las municipalidades para entregar los apoyos y colaborar con la seguridad. Y por último debiera ser una entidad externa quien fiscalice y entregue informes objetivos sobre la situación de infraestructura y reparaciones de los establecimientos educacionales".
