Anunciada la semana pasada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, presentó una querella por el secuestro del refugiado político y ex militar venezolano, Ronald Ojeda.
Fue hace menos de una semana cuando se confirmo el secuestro de Ojeda, desde su hogar en Independencia. Durante la madrugada del miércoles 21 de febrero, cuatro personas uniformados de PDI, entraron a la residencia y se lo tomaron por la fuerza. Hasta el momento, se desconoce su paradero.
Debido a lo anterior fue que, en específico, el Ministerio del Interior presentó una querella, dirigida a todos quienes resulten responsables por este delito, el que incluye un secuestro y porte ilegal de armas, señalando que el hecho genera un "inevitables temor en la población".
La querella señala que "cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considerados en su conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie".
Agregando que "esto, en atención a que, como será argumentado a continuación, con ocasión de la comisión del delito de secuestro se ve evidentemente alterada, y de forma grave, la seguridad pública, generando un inevitable temor en la población de ser víctima de ese tipo de delitos".
En el documento, al que accedió T13, se solicita que se despache una orden de investigar a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, para enumerar a los posibles testigos, se solicite la entrega de registros audiovisuales, además de que se realicen las diligencias necesarias para lograr esclarecer los hechos.
Además para que se establezca la relación entre los recientes hechos y otras denuncias anteriores, relacionadas también con delitos de secuestros, homicidios, tráfico de migrantes, trata de personas, amenazas condicionales y robo.
