Continúan las diligencias y controversias en torno al caso del
secuestro y asesinato del ex militar venezolano, Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue hallado el sábado en una toma en la comuna de Maipú.
Hasta ahora, se conoce que al menos siete personas habrían participado -cumpliendo distintos roles- en el secuestro y el homicidio, mientras que sólo un sujeto de 17 años, vinculado al Tren de Aragua, fue detenido por su participación.
El martes, la
ministra del Interior, Carolina Tohá, junto con cuestionar las filtraciones que han surgido en torno al caso, afirmó que "
las policías han cursado órdenes de búsqueda de Interpol (Policía Internacional) de personas que son sospechosas de haber participado en este delito". Esto, luego que se levantaran dudas sobre el paradero del resto de sospechosos.
Según dio a conocer El Mercurio, un informe policial alertó que al menos parte de la organización criminal que investiga la fiscalía habría buscado escapar por el norte de país. En concreto, la información se obtuvo tras las pericias a los teléfonos de dos sujetos, los que fueron georreferenciados en Arica y Colchane, sólo tres días después del secuestro.
Pese a los avances, tanto el descenlace del caso -"el más grave que pudo tener su secuestro", según dijo Tohá- como la forma en que se abordó es lo que hoy es duramente criticado por parlamentarios como por expertos en materia de seguridad e inteligencia.
Esto, porque Ojeda estaba en calidad de refugiado político desde fines del año pasado en Chile y dadas sus características de opositor al régimen de maduro, debió ser declarado sujeto de interés, para así mantener alertas en torno a cualquier situación inusual que ocurriera. El estatus que tenía en Chile, también hizo que varias voces impulsaran la teoría de que el propio régimen de Maduro podría haber tenido alguna injerencia en lo ocurrido con el ex militar en territorio nacional.
Desde el Congreso se han levantado voces de distintos sectores para adoptar medidas concretas en materia de seguridad y poner "urgencia" a la discusión de la Ley de Inteligencia -que se encuentra en la Cámara de Diputados desde 2018-, mientras que expertos advierten que este tipo de situaciones, en el complejo contexto de seguridad que atraviesa el país, podrían repetirse, e incluso escalar.
Presiondes desde el Congreso y la respuesta de Tohá
Luego que se conociera el hallazgo del cuerpo de Ojeda, se levantaron distintas voces desde el Congreso, cuestionando la forma en que el Gobierno ha abordado el crimen organizado, las falencias que existen en materia de inteligencia, y abordaron las distintas hipótesis que giran en torno al caso.
Esa jornada, el diputado Hotuiti Teao (Ind- Evópoli) comentó que "como integrante de la bancada en contra del crimen organizado, nos preocupa que un refugiado como este, haya sido secuestrado y asesinado a pesar de todas las alertas levantadas".
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Es por eso que, desde la Cámara de Diputados, no solo pediremos una sesión especial de esta comisión al respecto, sino que también instamos a una pronta aprobación de la ley de inteligencia. Ya es hora que este gobierno tome el peso a lo que le venimos advirtiendo, viene ocurriendo hace tiempo ante sus narices", añadió.
El diputado de Amarillos, Andrés Jouanett, sostuvo en la misma línea que "aquí tenemos que parar. Basta, basta ya. Tenemos que sacar una Ley de Inteligencia rápido. El Gobierno tiene que rápidamente darle urgencia a la Ley de Inteligencia. Tenemos que tener policía militar de frontera, más carabineros, y tenemos que parar el crimen organizado, el crimen organizado venezolano, colombiano, de otros países, el chileno y todo el crimen organizado que hay en Chile. No podemos seguir así".
Ayer, durante la sesión especial convocada, el senador Alejandro Kusanovic (RN) sostuvo que "a nuestro pesar, señor Presidente, este macabro asesinato, nos ha permitido constatar nuevamente el descontrol de las fronteras, las fallas y demoras que existen en la persecución criminal (ya que se estima que los sospechosos abandonaron el país por pasos no habilitados)".
Asimismo, apuntó a "la inoperancia del sistema de inteligencia frente a los grupos armados que provienen del extranjero; el control que el crimen organizado ha alcanzado en los sectores más vulnerables y cómo se están apoderando de los campamentos, tierra de nadie, donde operan sin castigo; y la falta de resultados efectivos y concretos, lo que hace dudar de la real voluntad del gobierno de combatir la criminalidad en Chile".
Por su parte, la ministra Tohá dijo ayer que dentro de los temas planteados en la sesión, "hay uno que sugirió el presidente del Senado, que como Ejecutivo queremos tomar el guante, y es que esta etapa la tramitación del proyecto de inteligencia que está en la Cámara de Diputados, le pongamos un plazo y que en ese plazo votemos, y si de esa votación no tenemos piso para seguir adelante con la votación, veamos un proyecto distinto".
"La inteligencia falló rotundamente"
En conversación con Emol, la experta en seguridad de AthenaLab, Pilar Lizana, abordó las características "atípicas" que tuvo el secuestro, --las que también fueron reconocidas por el fiscal nacional, Ángel Valencia- y las falencias que se evidencias en torno a la inteligencia que llevaron al desenlace ya conocido. Según comenta, "la inteligencia falló rotundamente".
"Lo más atípico es por qué una persona que deserta de Venezuela, que recibe asilo político en Chile, no es definida como sujeto de interés de inteligencia".
Pilar Lizana, investigadora AthenaLab
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Lo más atípico es por qué una persona que deserta de Venezuela, que recibe asilo político en Chile, no es definida como sujeto de interés de inteligencia. Esa persona pidió asilo por algo, el Gobierno decide otorgárselo, y debió existir inteligencia que trabajara para revisar qué pudiera significar para Chile otorgarle tal calidad a esa persona", indica Lizana.
Lo anterior, explica la experta, porque si se hubiera tenido a la vista información de que Ojeda podía ser víctima de alguna operación de Venezuela en Chile, "ahí se encienden todas las alarmas, porque un Estado no puede desarrollar una operación dentro de otro Estado".
Para Eric Latorre, director de Magíster de Gobierno y Dirección Pública de la U. Autónoma, estas fallas también se explican porque "el Gobierno está desbordado en temas de seguridad de manera bastante integral. En Chile hoy no existe un sistema de inteligencia, lo que hay es piezas y partes desactualizadas, que no se integran, que no tienen una gobernanza, y por consiguiente, no existe, hace mucho rato".
Asimismo, detecta que el Gobierno "no ha sido capaz de movilizar una agenda efectiva en materia de seguridad, donde avanzar en una ley de inteligencia es probablemente la pieza más importante", por lo tanto, "se falla y se seguirá fallando, si no tenemos un verdadero Sistema de Inteligencia".
Las claves de una inteligencia robusta
Lizana comenta que es clave que la Ley de Inteligencia ponga inicialmente el foco en robustecer a cada uno de los organismos existentes, para que luego puedan funcionar de manera cohesionada e integral, de cara a un Sistema de Inteligencia.
"Tenemos inteligencia del Estado, y otras sectoriales, como las policiales y militares, pero tenemos información en otras instituciones del Estado que pueden nutrir la labor de inteligencia, y ahí hay que asegurar que los flujos de información estén claros y funcionen de manera expedita", precisa.
Es decir, si la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) necesitara acceder a información tributaria o de aduanas, por ejemplo, "que esto se traduzca simplemente en una solicitud de información y que ese organismo o servicio tenga un tiempo limitado para entregarla y esté obligado a hacerlo".
