Son varios los campamentos que en las últimas semanas han concentrado la atención de las autoridades, producto de las incivilidades y crímenes que se han desarrollado entre sus instalaciones irregulares. Por eso, distintos alcaldes han solicitado que intervenga personal militar en dichas zonas, con el fin de apoyar el control del orden público.
Pese a que alcaldes de oposición ya habían solicitado dicha medida en el pasado, la voz ahora la alzó el jefe comunal de Maipú,
Tomás Vodanovic (RD), lo que incomodó al oficialismo. De todas formas, la petición fue escuchada por el Presidente Gabriel Boric, quien ayer se mostró llano en avanzar en una respuesta en esta línea, no sin remarcar que continuarán las intervenciones y operativos policiales.
En efecto, estos últimos días se han desarrollado intervenciones en la toma Vicente Reyes de Maipú, la misma donde fue hallado el cadáver del ex teniente venezolano, Ronald Ojeda. Así, se ha logrado detener a personas por mantener locales clandestinos de venta de alcohol y comercio sexual, y se procedió a la destrucción de esas instalaciones con retroexcavadora.
Pero otras comunas también conviven con sus propias "zonas críticas", como Cerrillos, La Florida, San Antonio y Arica, entre otras. Pero ¿quiénes habitan en estas tomas?, ¿cómo llegaron a ellas? y ¿qué actividades se desarrollan al interior de ellas? Esas son parte de las dudas abiertas ante una realidad que acumula décadas en Chile, pero que ha ido marcado un giro hacia una mayor violencia y peligrosidad entre sus pasajes.
El déficit de vivienda en el país hace aún más complejo el ideal de erradicar las tomas, sumado a una migración irregular que se instala en estos emplazamientos y ha marcado un fuerte aumento y expansión de las mismas.
Vicente Reyes en Maipú
No es la única, pero una de las que más ha acaparado la atención en las últimas semanas. La toma Vicente Reyes, ubicada entre camino a Melipilla y Avenida Pajaritos, fue el lugar donde se encontró el cuerpo del ex militar venezolano, Ronald Ojeda.
Fue en 2018 cuando comenzaron a instalarse las primeras viviendas irregulares en la zona, pero la mayor cantidad de personas llegaron en 2020, tras la pandemia. "
Cuando asumimos la alcaldía, ya habían ahí más de 400 viviendas de estructura sólida con conexión a electricidad autorizada por el municipio", dijo a Emol el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic (RD).
Según los catastros del municipio, en el sector viven cerca de 600 familias, en su mayoría, de nacionalidad haitiana y venezolana. Los principales delitos que se registran tienen relación con la prostitución, venta y consumo de drogas y alcohol, fiestas clandestinas y múltiples otras incivilidades que afectan la vida de los vecinos. Además, hay venta y toma ilegal de terrenos.
Vodanovic añadió que "como municipio hemos desarrollado más de 50 operativos para desalojar viviendas y evitar nuevas instalaciones. Además de interponer querellas contra bandas que generan negocio con la toma ilegal de terrenos. Pero el control del sector se vuelve sumamente complejo por sus condiciones".
Por lo anterior, y luego del crimen de Ojeda, el alcalde pidió directamente a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que exista un despliegue militar en la zona, mientras que, a su vez, se ha mostrado partidario de erradicar la toma. En estos últimos días, se han desarrollado operativos que incluyen la destrucción de instalaciones destinadas al comercio sexual y fiestas clandestinas.
Nuevo Amancer, en Cerrillos
En Cerrillos, la toma Nuevo Amanecer ha sido escenario del violento inicio de año para la comuna. El 4 de marzo, se halló un cuerpo envuelto en una frazada y nylon, mientras que el 6 de este mes, la fiscalía inició una investigación de oficio por la eventual existencia de una cementerio ilegal en dicha toma. Dos días más tarde, en ese mismo emplazamiento irregular, una mujer ecuatoriana de 51 años fue asesinada a balazos.
En conversación con Emol, la alcaldesa de la comuna, Lorena Facuse (Ind) -quien ha respaldado la petición de Vodanovic por un despliegue militar-, comentó que la toma tiene unas 40 hectáreas de extensión, y se habría iniciado por julio de 2020, durante la pandemia.
Ya en julio del 2021 "vivían 10 mil personas ahí, que fue la fecha en la que yo asumí aproximadamente como alcaldesa". Ahora, agregó, "se estima que viven alrededor de 14 mil personas". Cerca de un 95% de los habitantes serían de nacionalidad extranjera, principalmente haitianas, pero también de origen venezolano y peruano.
La jefa comunal comentó también que "Serviu en algún momento hizo un catastro, un instrumento súper necesario, porque cuando se realiza el catastro pasa de categoría de ser toma a ser campamento. Por lo tanto, quiere decir que ya está visibilizado por el Estado, por el Ministerio de Vivienda, y se comienza a hacer un trabajo, entonces desde ahí podemos estimar la cantidad de personas".
En cuanto a los terrenos, dijo que "son de privados y hay una parte más pequeña que es de Maipú". Además, comentó que el origen de esta toma es distinta a lo acostumbrado en el país, donde comienzan por instalaciones precarias que luego se organizan a través de comités de viviendas. En este caso, a través de un loteo irregular, la gente comenzó a construir casas de material sólido y no está organizada en comités.
Dignidad, en La Florida
En la comuna de La Florida está emplazado el campamento Dignidad, que desde el estallido social de 2019 alberga a más de 750 familias -que llegaron desde la comuna de Peñalolén- en una zona de exclusión por riesgo aluvional, en la ribera norte del Zanjón de la Aguada, en la Quebrada de Macul.
Los cuestionamientos al Minvu sobre una solución definitiva el "Campamento Dignidad" es algo que se arrastra desde mediados del 2020, cuando un centenar habitantes de la toma fueron hasta el frontis del Ministerio de Vivienda a manifestarse exigiendo una solución habitacional.
En enero de 2021, tras la alerta amarilla -producto del sistema frontal que afectaba a la Región Metropolitana- decretada en La Florida por la ex Onemi, el alcalde Carter decretó la evacuación inmediata de la Toma Dignidad.
En julio de 2022 el alcalde Rodolfo Carter, junto a dirigentes del Campamento, firmaron tres compromisos: en el primero de ellos, la Municipalidad se comprometió a entregar los recursos necesarios para financiar una villa de transición; a gestionar una reunión con el Minvu para acordar plazos concretos para viviendas definitivas; y los vecinos se comprometieron a realizar un empadronamiento de familias que cumplen con los requisitos para obtener una vivienda.
En tanto, el 6 de marzo, el municipio despachó al Minvu un oficio exigiendo una solución habitacional, mientras que este jueves, y en medio de un operativo de fiscalización -junto a Carabineros-, el alcalde Carter sufrió un intento de agresión por parte de los habitantes de la toma.
Cerro Chuño, en Arica
Pasó de ser una zona donde incansablemente se buscó una solución por la presencia de polimetales, a un verdadero fortín de Los Gallegos, célula del Tren de Aragua. El Cerro Chuño, en Arica, se ha convertido en los últimos tres años en escenario de homicidios, hallazgo de cuerpos enterrados, explotación sexual, venta de droga y otros tantos ilícitos de la criminalidad organizada.
La historia parte entre los años 1984 y 1986, con la empresa chilena Promel, que importó desde Suecia a la compañía Boliden alrededor de 20 mil toneladas de barros metálicos que contenían mercurio, arsénico y plomo con la finalidad de ser procesados. Años más tarde, la firma se declaró en quiebra, sin haber tratado estos residuos, y los dejó a la intemperie cerca de las poblaciones Cerro Chuño y Los Industriales de Arica provocando intoxicación en sus habitantes y serios daños en la salud.
En mayo de 2012 se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.590 que "establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica", y entre otras cosas, acuerda reubicar a las familias con el compromiso de demoler las viviendas del sector para que nadie quede expuesto a contaminación.
Sin embargo, son varias las autoridades de la zona quienes critican que aquello no se ha cumplido. De hecho, aquello dio pie para que personas que buscaban un lugar donde vivir, se hicieran parte de la toma de casas que siguen en pie. "Estoy seguro que al día de hoy hay más gente viviendo en Cerro Chuño que la que vivía en ese momento", aseguró en 2022 el alcalde, Gerardo Espíndola.
En los últimos años, se han generado varios allanamientos en la zona, producto del avance del crimen organizado y la instalación de las células del Tren de Aragua, uno de los primeros sectores escogidos por los criminales debido a la cercanía de los pasos fronterizos irregulares que utilizan para llegar a Chile.
"Es el principal lugar donde opera el crimen organizado (...) el Estado no está presente en ese sector, nosotros sacamos la basura porque hay que pasar por ahí, pero evitamos exponer a nuestros trabajadores", aseveró el jefe comunal en enero de este año a EmolTV.
