La jornada de este viernes estuvo marcada por el polémico allanamiento, anuncio de formalización y renuncia del
general director de la PDI, Sergio Muñoz, investigado por la Fiscalía Oriente por dos delitos asociados a revelar secreto en medio de una indagatoria, es decir, por el caso Audio.
Esto, porque luego que se periciara el celular del abogado Luis Hermosilla -uno de los principales imputados en el caso Audio-, se habría recuperado información que involucra a Muñoz, y que estaría relacionada con su predecesor en la institución, el ex director de la PDI, Héctor Espinosa.
La salida de Espinosa, en junio de 2021, estuvo marcada por un contexto complejo: enfrentaba una investigación por delito de fraude al fisco, uso de gastos reservados y lavado de dinero. La investigación contra Muñoz apunta a que habría revelado a Luis Hermosilla -otrora defensa de Espinosa- información del caso.
Pero Muñoz no será el único que deberá enfrentar una formalización próximamente. El próximo 7 de mayo, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, también será sometido a una formalización, aunque por imputaciones en otra línea. Son, en efecto, casos distintos, pero ya varias voces advierten los efectos en la institucionalidad y para la ciudadanía.
Yáñez fue notificado en enero de la solicitud de la Fiscalía Centro Norte por su presunta responsabilidad en el delito de omisión en medio del denominado estallido social, momento en el que ejercía como director Nacional de Orden y Seguridad.
En ese contexto, se abrió otra polémica: si bien el Gobierno inicialmente mostró cautela, el abogado de Yáñez aseveró luego que el Presidente Gabriel Boric se comunicó con su representado vía telefónica para expresarse "
su absoluto respaldo" frente a la situación, por lo que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tuvo que salir a reconocer el llamado, aunque se amparó en que las "conversaciones privadas del Presidente de la República no se comentan".
Ayer, en medio de intensa jornada que golpea a la PDI y de paso, al Ejecutivo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, tuvo más cuidado en la reacción, y dijo "esperar" que esta situación "no perjudique el trabajo policial y no perjudique la estrategia de seguridad, y en definitiva, no termine perjudicando a las personas". En tanto, el subsecretario Monsalve planteó que la formalización "será un punto de inflexión respecto a los cuales tomar decisiones".
Más tarde, la secretaria de Estado se reunió con Muñoz en La Moneda, en medio de rumores de una posible renuncia; pero el hermetismo primó, y cerca de dos horas más tarde, el director general de la PDI se retiró en silencio del Palacio de Gobierno.
Poco después Muñoz volvió al Palacio de Gobierno, donde finalmente se confirmó su salida. Esto, justo después de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidiera querellarse en su contra. En esta oportunidad, habló directamente con el Presidente Gabriel Boric. Fue él quien aceptó su renuncia.
¿Qué efectos trae esta intrincada trama judicial que protagonizan los dos altos mandos de las instituciones policiales?, ¿cuánto pesa un escenario de este tipo frente a la crisis de seguridad que enfrenta el país? En conversación con Emol, expertos desglosan las múltiple aristas.
"Una pésima señal" en la institucionalidad
La próxima formalización de ambos jefes policiales no deja duda a los expertos de la "pésima señal" que aquello significa en medio de la crisis de seguridad que afecta al país.
Hay dos razones de peso detrás del análisis: el complejo historial de casos de corrupción que acarrean ambas policías, pero también el cómo esto afecta directamente a la ciudadanía en las confianzas hacia sus instituciones, y de paso, a la sensación de protección.
"Lo preocupante de esto es que va consolidando una mala imagen de la policía, una desconfianza ciudadana, una mala señal para la oficialidad y los funcionarios de las instituciones policiales porque parece naturalizarse el poder cometer este tipo de hechos, de favores, en definitiva cosas que son constitutivas de delitos"
Jaime Araya, experto en seguridad, Usach
, recuerda que "el general director de Carabineros va a ser formalizado por negligencia, pero en la institución también hubo un fraude que afectó mucho su prestigio y del cual parecía venir recuperándose. Y la PDI también tiene a un ex director general que está siendo procesado también por el mal uso de recursos públicos".
"Por lo tanto, se va configurando un cuadro en que las principales autoridades policiales del país, pasadas y presentes, se ven cuestionadas o procesadas. Lo preocupante de esto es que va consolidando una mala imagen de la policía, una desconfianza ciudadana, una mala señal para la oficialidad y los funcionarios de las instituciones policiales porque parece naturalizarse el poder cometer este tipo de hechos, de favores, en definitiva cosas que son constitutivas de delitos", sostiene.
En la misma línea, Germán Silva, analista político de la U. Mayor, comenta que estas situaciones "son una pésima señal para el país, para los ciudadanos, y justo cuando la percepción de la inseguridad alcanza niveles dramáticos".
"Esto solo aumenta la desconfianza con las instituciones, la que ya están muy deterioradas. Hasta ahora, la PDI estaba entre las que la gente le tenía más confianza, por lo tanto, es un golpe duro a la institucionalidad del país", subrayó.
En tanto, Eric Latorre, director del Magíster de Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, pone el foco en que "en Chile estamos en un escenario de corrupción muchísimo más grave de lo que queremos reconocer, en muchos ámbitos. Por lo tanto, esto lo podemos poner en contexto de una degradación institucional que está llegando a la dirección nacional de un servicio público, como son las policías".
Crisis de seguridad y posibles aristas
La mala señal para la institucionalidad, podría ser, a juicio de algunos analistas, una buena señal para el crimen organizado. Y es que la rapidez con la que ha avanzado este flagelo, ya venía acarreando una profunda sensación de inseguridad en la ciudadanía, y esta trama judicial podría ser una "oportunidad" para continuar con su arremetida.
Araya reflexiona que en el contexto actual de crisis de la seguridad que vive el país, estas situaciones "paralizan a las instituciones en su actuar y por lo tanto deja más desprotegida a la población y más complicado al gobierno también respecto de qué hacer y cómo enfrentar esta crisis".
"Evidentemente que empezar a dar señales que Chile es un país mucho más corrupto de lo que queremos creer, le está abriendo un espacio muy atractivo al crimen organizado, y que ambos jefes policiales estén formalizados es muy malo, sobre todo en el caso de la PDI, que le entregó información a un abogado. De ahí, la puerta está abierta para informar a un líder de un cartel".
Eric Latorre, director de magíster U. Autónoma
"Es, por lo tanto, un hecho bastante grave y ojalá se pueda no sólo avanzar rápidamente en la investigación, ojalá que no se demoren muchos meses, y se resuelva pronto cualquiera sea la resolución para dar vuelta a la página y darle continuidad al trabajo de esas instituciones", sostiene.
Latorre también advierte que el problema de la corrupción en las instituciones debe ser una señal de alerta grave. "Si miramos el caso de Ecuador, vemos que la degradación de las instituciones fue hecha sobre la base de la corrupción, porque es el escenario perfecto el crimen organizado. Y los mejores actores para corromper son las policías, el Poder Judicial y las autoridades locales".
"Evidentemente que empezar a dar señales que Chile es un país mucho más corrupto de lo que queremos creer, le está abriendo un espacio muy atractivo al crimen organizado, y que ambos jefes policiales estén formalizados es muy malo, sobre todo en el caso de la PDI, que le entregó información a un abogado. De ahí, la puerta está abierta para informar a un líder de un cartel", reflexiona.
Lo anterior, considerando que hasta ahora se desconocen cuántas aristas se pueden abrir en este caso, pero no deja de ser complejo ver que la entrega de información a un abogado podría también ser un atractivo para los carteles.
Pero en el contexto de la causa que involucra a Muñoz, Silva plantea que "esto también abre una arista tremenda para saber en qué otros casos puede estar involucrado en distintas causas que lleva Luis Hermosilla, que como sabemos, ha estado vinculado de defensa de personajes públicos de todos los sectores políticos, de la élite empresarial y chilena".
El rol del Gobierno
Los expertos coinciden en que en el caso de Yáñez, el Gobierno tiene un mejor escenario para "esperar" el desarrollo de su proceso, mientras que en el caso de Muñoz, al tener una imputación directa por dos delitos, la situación era "insostenible".
Al considerar esta diferencia de las imputaciones entre ambos generales directores, Silva plantea la hipótesis de que "el Gobierno va a seguir protegiendo la figura de Yáñez en el sentido de darle respaldo a la institución y por lo tanto, buscar un cierto espacio una vez que ocurra la formalización en mayo, aunque nadie lo confiese en La Moneda".
Por el contrario, la situación de Muñoz era, a su juicio, "insostenible, porque el hecho de estar vinculado en el caso Audio, obligaría al Gobierno intentara sacarlo de la institución y así dar una señal fuerte de que este tipo de situaciones no deben ocurrir".
Asimismo, al ver sólo desde el prisma político, Silva plantea que el costo para el Gobierno "es cero", considerando que el nombramiento del Muñoz ocurrió en la administración anterior.
En la misma línea, Latorre plantea que respecto a Yáñez el Gobierno "puede esperar la formalización, y en el peor de los casos, puede haber una salida negociada, donde renuncie y se vea un sucesor", a diferencia de lo sucedido con el ahora ex director de la PDI.
Sobre esta reflexión, el director de Magíster pone foco en otro frente que se abre para la Moneda, vinculada a su gestión. Porque si bien el costo político de sacar a Muñoz puede ser no tan alto, también estaba en juego que "pueda demostrar que son capaces de tomar decisiones y de tomar el control de las situaciones".
