La renuncia del ahora exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, en el marco de la detección de entrega de información reservada en diversas causas al abogado penalista Luis Hermosilla, volvió a poner en relevancia la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, pues restan menos de dos meses para que el uniformado sea formalizado -el 7 de mayo - por eventuales delitos de omisión o responsabilidad de mando en el marco de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido, a partir de octubre de 2019. Esto, ya que pese a que el Ministerio Público formulará cargos en su contra correspondientes a más de 400 casos, la máxima autoridad de la institución policial no ha presentado su renuncia al cargo, y tampoco ha sido removido por el Presidente Gabriel Boric. Incluso, ayer participaron de una actividad en común. Sin embargo, el escenario presenta elementos confusos, pues, por ejemplo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló el domingo que "esperaría" que el general director evaluara su dimisión antes de ser formalizado. Sin embargo, existen diferencias entre ambos casos, que se reflejan, por ejemplo, en los caminos adoptados por algunas instituciones encargadas de resguardar los intereses y derechos estatales. Así, a diferencia de lo ocurrido con Muñoz, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió no presentar una querella en contra de Yáñez, pese a las acusaciones emanadas del ente persecutor y los antecedentes recopilados para fundarlas. En cambio, al detectarse las conversaciones entre el ex detective y Hermosilla, desde la entidad anunciaron rápidamente el acuerdo de su Comité Penal para presentar una acción en contra de Muñoz.
