En el centro del debate está hoy día el futuro del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a raíz de la reciente salida de su cargo de Sergio Muñoz, quien hasta el viernes era el director general de la PDI, y cuya formalización por revelación de secreto en la indagatoria contra su predecesor, se realizará mañana.
Y mientras en La Moneda han hablado de un "punto de inflexión" sobre los destinos de Yáñez -sujeto, dicen, a los antecedentes que se conozcan en la audiencia de mayo-, en el Parlamento no cesan las críticas que se dividen entre el respaldo a la institución y otras voces del PC que se muestran más partidarias de la remoción.
Pero las capas detrás de estos últimos hechos son más profundas. Hubo un momento del viernes en que los dos jefes de las policías estuvieron enfrentados a una fecha y hora clara para su formalización, lo que a juicio de expertos es una "mal señal" frente al avance de la corrupción; caldo de cultivo para una mayor arremetida del crimen organizado.
Eso, sumado a la tensa relación con la que comenzó el Gobierno del Presidente Gabriel Boric hace dos años, y que ha ido tomando matices propulsados por hechos como la muerte de la sargento Rita Olivares en Quilpué, o por el deceso del cabo Daniel Palma durante un operativo de fiscalización en el centro de Santiago.
De la refundación a la reforma
La postura inicial del entonces candidato presidencial Gabriel Boric era de refundar a Carabineros, la misma que venía sosteniendo desde su época como diputado frenteamplista; pero el tono cambió de cara a la segunda vuelta, con la opción de "reforma".
"Refundaremos nuestras policías, aumentando la dotación en las comunas que más lo necesitan, mejorando su eficiencia en la persecución del delito y asegurándonos de que respeten los DD.HH. y se subordinen al poder civil", señalaba inicialmente el programa de Gobierno de entonces candidato del Frente Amplio. En su comando, la palabra refundación también era cotidiana.
Pero las críticas fueron cesando y el entonces candidato comenzó a apuntar a la necesidad de contar con más comisarías y más personal, mejorar la formación policial y que no se repitan las violaciones a los DD.HH.
Otro episodio, como la golpiza a funcionarios de Carabineros durante la marcha de la Confech de marzo de 2022, dio el pie para que la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, saliera a dar "todo su respaldo" a la institución, y en agosto se iniciaron diálogos en La Moneda para la reforma a las policías, donde las autoridades -incluyendo a Yáñez- presentaron a los miembros del Consejo para la Reforma (CPR) y la Unidad Consultiva para la Reforma (UCR).
Los ejes de dicha reforma, que se nutrió de los insumos y avances de la administración anterior, apuntaban a "dotar de legitimidad" la labor que realizan y "reforzar la validación social de su desempeño a lo largo del país". También apuntaban a "eficacia y eficiencia" de las policías en mantener el orden público, "con enfoque en derechos humanos, perspectiva de género y subordinadas al poder civil".
Los cambios administrativos
Poco después de la presentación de los lineamientos, las presiones por una reforma a Carabineros comenzaron a desaparecer del debate público, pese a que esporádicamente el tema se volvía a poner en el debate a raíz de la crisis de seguridad que enfrenta el país.
Lo anterior se hizo aún más evidente durante la última cuenta pública del Presidente Boric. Ese 1 de junio, no hubo alusión alguna al tema de la reforma a las policías, lo que provocó inmediatas críticas desde el Parlamento y dudas sobre el real estado de avance del proceso en medio de la crisis de seguridad.
Fue José Roa, coordinador de la Reforma a las policías, quien salió de inmediato a descartar alguna traba en las negociaciones para sacar adelante la reforma,
y apuntó a los avances en lo administrativo.
"Entre los temas en que hemos estado concentrados el último tiempo, está en el ámbito de lo administrativo, la ley de armonización de todo el Gobierno anterior, que establece planes estratégicos, que deben ser propuestos por la policía y autorizados por la ministra del Interior. Y, por ejemplo, por el lado legislativo, hemos avanzado en materia del ministerio de seguridad, que es parte de la Reforma a las Policías. La reforma de las policías es con las policías para la ciudadanía", dijo entonces al ser consultado por Emol.
En diciembre de ese año, la ministra del Interior, Carolina Tohá, volvió a abordar las dudas por el estado de avance de las reformas. Aprovechando la promulgación de la ley que regula los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual en actuaciones policiales, mencionó la ley Nain-Retamal; el aumento del incentivo al riesgo para Carabineros que se desempeñan en zonas difíciles; el proyecto para reforzar las dotaciones policiales o la de liberación de agentes policiales en tareas no esenciales.
"El conjunto de estas acciones, eso sí que es una reforma de las policías, eso sí que es un fortalecimiento de las policías. Y que acompañado con otros esfuerzos que se están haciendo en prevención, en investigación criminal, en tecnología, están haciendo que el país esté realmente preparado y en condiciones de enfrentar los desafíos de seguridad que hoy día tenemos", zanjó Tohá.
Pero los dichos de la ministra no convencieron a los miembros de la Unidad Consultiva para la Reforma a las Policías (UCR). Ronald von der Weth -uno de los 21 integrantes de dicha unidad- señaló a El Mercurio que las medidas descritas por Tohá van en la línea correcta, pero que aún es pronto para hablar de una reforma a las policías.
"El eje principal es avanzar en el Ministerio de Seguridad Pública, que será la casa común de las policías. Desde ahí podemos generar políticas públicas serias y una estrategia nacional de seguridad pública que es lo que urge hoy día", sostuvo el consultor.
Frente a ello, Roa volvió a salir al paso, para aclarar que la reforma a las policías no es una gran iniciativa legislativa, sino que "son procesos que están sucediendo ahora, pero son resultados acumulativos. Son un conjunto de medidas que potencian el efecto de la reforma (a las policías) para enfrentar los desafíos de nueva criminalidad. La reforma a las policías es un proceso acumulativo".
Las nuevas presiones por los avances
Las explicaciones que han dado los intervinientes directos del proceso de elaboración de la reforma a las policías, junto con las del Gobierno, no han servido para que el tema reflote con fuerza, especialmente tras la compleja situación que hoy enfrenta Ricardo Yáñez.
Desde el Parlamento retomaron las presiones: la diputada PC, Alejandra Placencia, quien forma parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, dijo el sábado, tras la renuncia de Muñoz, que "el presidente es quien debe tomar la decisión con todos los elementos cuando la formalización del General Yáñez se produzca. Pero lo central es que algo pasa en la estructura de Carabineros y la PDI que hace que sus directores se vinculen a hechos constitutivos de delitos".
"Esto pone en relevancia la necesidad de una reforma profunda a las policías que reafirme el control civil sobre ellas, la transparencia y la probidad. Se debe dar garantías a la ciudadanía", añadió.
En tanto, varias voces de la oposición han llamado al Gobierno a respaldar a Yáñez, incluso condenaron los dichos del ministro de Justicia Luis Cordero, quien comentó en el programa Tolerancia Cero que esperaría que el general director "evaluara su renuncia".
El diputado Diego Schalper (RN), dijo a Emol que "yo le diría a la diputada Placencia que sus declaraciones son extremadamente oportunistas y muy injustas, y además parecen desconocer la distancia enorme que hay entre otros casos que han acontecido en el pasado respecto de las fuerzas policiales y lo que ha acontecido con el general Yáñez, que básicamente está teniendo que responder por una tesis jurídica muy ligada a cierta visión específica de lo que fue el estallido social del 2019, que francamente es muy discutible y difícilmente defendible".
Por su parte, el presidente de la comisión, Andrés Longton (RN) comentó que "pensar en una reforma a Carabineros es una manifestación más de un asunto que el Gobierno alega como prioritario, pero donde la realidad deja en evidencia que se ha hecho poco".
"El Gobierno anterior dejó una hoja de ruta e importantes acuerdos con el mundo político y académico que este gobierno decidió dilatar, lo que a decir verdad no sabemos es imputable a cuestiones ideológicas o simplemente a la falta de capacidad y gestión que los ha caracterizado. Como todo en seguridad, acá hay muchas mesas y diagnósticos y poco avance concreto", criticó.
