En febrero pasado, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal en contra de la representante legal de la fundación.
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Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron esta jornada dependencias del Gobierno Regional de Magallanes, además de las oficinas del Serviu y la Seremi de Vivienda en Punta Arenas por el caso Convenios, bajo la arista Procultura.
Además, se desarrolló la misma medida intrusiva en la Municipalidad de Porvenir.
Las diligencias son dirigidas por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma y un equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad.
Palma fue asignado en diciembre por el Fiscal Nacional para dirigir esta investigación en todo el país.
El persecutor aseveró que "en el marco de las diligencias que yo estoy dirigiendo, no le he tomado declaración a ningún imputado aún".
"Estamos estableciendo primeramente los hechos ocurridos, levantando la documentación necesaria", sostuvo.
Señaló que se investigan eventuales delitos de fraude al fisco y tráfico de influencia.
En febrero pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra de la representante legal de la fundación, María Constanza Gómez, por el delito de apropiación indebida.
Dicho ilícito, sostiene el CDE en su querella, se habría configurado mediante la suscripción de cuatro convenios de transferencias de recursos entre la mencionada fundación y la Seremi de Vivienda y el Serviu –en el marco del Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta– a los que se añadió un quinto correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios, por la suma total de $545 millones.
