La última semana ha estado protagonizada por dos nombres que representan -o representaron- los cargos de máxima autoridad de las policías del país. Sergio Muñoz, quien hasta el viernes era director de la PDI, hoy está en prisión preventiva; mientras que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, está imputado desde enero, a la espera de su formalización en mayo.
Pero detrás de esos nombres, también han tomado relevancia sus abogados, quienes con diferentes estilos, han desarrollado estrategias para sus defensas. Ambos son conocidos penalistas con vasta trayectoria y participación en mediáticas causas con figuras públicas de altos rangos institucionales y la política, entre otros.
Sergio Muñoz optó por ser representado por el
abogado Juan Carlos Manríquez, quien pidió que su cliente declarara voluntariamente en la causa, diligencia que se concretó el lunes a las 16.00 horas. En tanto, el Consejo de Defensa del Estado, decidió querellarse.
El escenario para el ex director de la PDI se veía complejo, no sólo por la imputación de revelación de secreto en el marco de una indagatoria -en este caso, al abogado Luis Hermosilla, otrora defensa del ex director de la PDI, Héctor Espinosa-, sino por las posibles aristas que aparezcan en el caso a partir de las conversaciones que ambos sostuvieron en distintos periodos.
Entre las múltiples declaraciones que Manríquez ha dado a la prensa, dijo frente a la audiencia de formalización de Muñoz que "siempre uno debe estar preparado para los escenarios más rudos"; y aunque aún hay una investigación en curso, su cliente no pudo eludir la prisión preventiva.
Por su parte, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, es representado por el abogado Jorge Martínez en la causa iniciada hace cuatro años y que terminó con la imputación en enero por el delito de omisión de apremios ilegítimos. Esto, mientras el jefe de la policía uniformada era director nacional de Orden y Seguridad.
Martínez no pudo evitar hacer ruido con sus declaraciones en enero, cuando afirmó a la prensa que el propio Presidente Gabriel Boric había contactado por teléfono a su representado, para "brindarle todo su respaldo"; dichos sobre los cuales reculó ante la molestia de La Moneda, desde donde subrayaron el carácter privado de las conversaciones que mantiene el Mandatario.
¿Cuál es la trayectoria y en qué otras mediáticas causas han participado los abogados de Muñoz y Yáñez?
Trayectoria y casos de Manríquez
Entre ambos abogados, Juan Carlos Manríquez es el más "mediático". Por estos días ha tenido una fuerte presencia en la prensa en relación a la causa de Muñoz, no obstante, tiene a su haber varios otros recientes casos que han causado revuelo.
El jurista fue defensor del ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez en el caso del fraude en dicha institución; de hecho, en 2022, Manríquez acusó filtraciones en la causa, planteando que "se ha violado el secreto del sumario desde el propio Poder Judicial".
También prestó servicios a la exdiputada Marta Isasi, formalizada en 2014 por fraude al fisco, en la causa relacionada a Corpesca; y al ex candidato presidencial Marco Enriquez-Ominani (2016) por su presunta vinculación por la causa SQM.
El abogado también es defensor de la
ex candidata a gobernadora de la RM, Karina Oliva (ex Comunes), acusada por fraude de subvenciones durante su campaña política. "Vamos a enfrentar directamente la diligencia y controvertir todas las medias verdades, conjeturas y múltiples confusiones que se han propagado", comentó Manríquez en octubre del año pasado. En diciembre, la imputada quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo.
El abogado también es querellante en otro de los casos de alta connotación pública: la indagatoria por el secuestro y homicidio del ex teniente venezolano Ronald Ojeda.
Manríquez egresó de la carrera de Derecho en la Universidad de Valparaíso y obtuvo el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en 1990, recibiendo el título de abogado en 1991.
Es post graduado en Derecho Penal Económico y de la Empresa por la Universidad Castilla–La Mancha (España), Master of Laws por la California Western School of Law (Estados Unidos), con especialidad en Litigación Oral (Trial). Además, es socio fundador de Manríquez & Benavides Abogados, y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) y del Instituto de Ciencias Penales de Chile (ICP).
Ha ejercido la docencia y la investigación en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en las universidades de Valparaíso, del Mar y UNAB. Además, ha sido profesor de postgrado y especialización para jueces orales y de Garantía en la Academia Judicial de Chile; relator y capacitador en Derecho Penal Ambiental y Económico de las Fiscalías Nacionales del Medio de Ambiente de Argentina (Ufima), de Venezuela (a través de la Recampi), en Litigación Oral Estratégica para la Fiscalía de la Nación (a través de la Escuela de Fiscales del Ministerio Público) y asesor y profesor en la Academia Superior de la Magistratura (Asmag) en Perú.
En enero de 2023, fue nombrado presidente del Comité Asesor Jurídico de la Corte Penal Internacional en La Haya, cargo que ostentará hasta este 2024. A finales del año 2022, el abogado fue reelecto por la Barra de Abogados de la Corte Penal Internacional para integrar por un nuevo periodo el Comité Asesor Jurídico, del cual es miembro desde 2021, siendo el primer jurista chileno en formar parte de esta entidad.
La carrera de Martínez
"Credibilidad, destreza, experiencia". Ese es el slogan del estudio jurídico del abogado Jorge Martínez, quien defiende al general director Ricardo Yáñez.
"Desde octubre de 2014, luego de terminar un Magister (LLM) en la Universidad de Heidelberg, Alemania, nos propusimos crear un estudio de abogados expertos en litigación que no solamente abordara los desafíos del proceso penal, sino que además fuese capaz de asesorar exitosamente a las personas y empresas ante cualquier Tribunal", es la promesa del equipo.
Martínez, de 65 años, es abogado de la Universidad de Chile (1986), postulante a título de Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y tiene estudios de posgrado en Alemania y Finlandia. Su expertise se vincula a causas relacionada con delitos funcionarios, de carácter económico, además de delitos contra la propiedad.
Según detalla Ex- Ante, la vinculación de Martínez con el alto mando de Carabineros surgió en 2019, especialmente asesorando en materias de derecho penal internacional y derechos humanos. De hecho, a inicios del estallido social, el general (R) Julio Pineda lo contactó para solicitarle un análisis jurídico sobre la situación que enfrentaba el país.
Entre las causas en las que ha participado y ha logrado rebajas de condenas o su sobreseimiento, está la vinculada a la muerte del malabarista en Panguipulli, en octubre de 2002. Martínez logró que el general Yáñez fuera sobreseído en la causa donde la fiscal Ximena Chong lo mantenía como imputado. En enero, pidió una audiencia de sobreseimiento para una causa por supuestos crímenes de lesa humanidad, por querellas presentadas por el abogado Mario Rendón en el contexto de manifestaciones violentas.
En enero, luego que el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz y la fiscal Ximena Chong solicitaran formalizar a Yáñez, Martínez pidió la inhabilidad de ambos persecutores, acusándolos de "parcialidad y resentimiento" hacia Carabineros.
