Hace pocos días se conoció la denuncia que realizó una madre vía Instagram, quien acusaba que su hijo de tres años había sido abusado sexualmente en 2023 en la sala de materiales de su colegio en La Reina, por un profesor practicante de educación física.
A pesar de que el Código Penal del país obliga a denunciar a todos los funcionarios públicos, y las personas que trabajan en el ámbito de la salud y la educación, tanto pública como privada, cualquier forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes, hoy en día, son muchos los que desconocen esta obligación.
Y es que, según los resultados que revelaron desde la Fundación Amparo y Justicia, sobre una capacitación que realizaron, en 2023, a cerca de mil docentes y no docentes sobre cómo actuar frente a un delito sexual contra un menor, el 70% de los participantes indicó no haber recibido una capacitación en esta temática anterior a la aplicada en esa ocasión.
No solo eso, sino que solo el 27% de los docentes y no docentes refería sentirse preparado para abordar una situación de estas características. Sin embargo, después de la capacitación, esta cifra fue cercana al 90%.
En contexto, el psicólogo de la Fundación Amparo y Justicia, Jorge Silva, manifestó que lo que falta es información. "Estos datos nos han demostrado que la falta de acceso a la información puede provocar que respondamos de una manera -si bien basada en buenas intenciones- equivocada".
De esta manera, indicó que es fundamental que el personal se encuentre informado, reciban capacitaciones, y adecuen su funcionamiento y protocolos a la legislación vigente.
Por ejemplo, comentó que es necesario que los establecimientos educacionales conozcan cuál es su función frente a situaciones de este tipo. "Ellos no deben investigar, sino que debe brindar credibilidad, transmitir al niño, niña o adolescente que su deber es brindarles protección, e informarles -en un lenguaje claro y de acuerdo a su etapa de desarrollo- cuáles son los pasos a seguir", agregando que también deben informarle su derecho a poder denunciar los hechos.
Además, según lo impuesto por la ley, de presentar una denuncia, ya sea en Fiscalía, Carabineros de Chile, PDI o en cualquier tribunal, dentro de un plazo no superior a veinticuatro horas. Por último "deben informar al adulto responsable del aparente delito. Salvo en los casos en que los este sea identificado como la presunta agresora, donde deben buscar un tercero dentro de la red familiar para informarles los pasos a seguir".
