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Fernando Morales, dueño de una funeraria en la comuna de San Javier, región del Maule, fue condenado a más de cuatro años de presidio por el delito consumado de falsificación de instrumento público.
Según antecedentes reunidos por el Ministerio Público y tras órdenes de investigación emitidas a la PDI, Morales, con el objeto de captar más clientes, comenzó a ofrecer a las familias de personas fallecidas certificados de defunción, contemplando, además, el servicio funerario.
En esa línea, para poder ofertar dicho trámite, usaba talonarios de certificados médicos timbrados con la
identificación y datos de su hija, de profesión médico, ya que conocía su firma, lo que es considerado un grave peligro para la salud pública con infracción al Código Sanitario, ya que este establece que la inscripción de defunciones y la inhumación
sólo se puede realizar cuando se justifique previamente la causa de muerte por el médico que asistió a la persona en su última enfermedad.
El imputado falsificó en reiteradas oportunidades causas de muerte de múltiples personas, sin intervención de ningún profesional de la salud que realizara atenciones o exámenes exigidas por ley y sin contar con el consentimiento de la hija quien ejerce funciones en otra región del país.
"Luego de una investigación realizada por la Fiscalía de San Javier y órdenes a la Policía de Investigaciones, se logró establecer que un empresario de una funeraria de esta comuna cometía graves delitos de falsificación. En efecto, esta persona, durante los años 2021 y 2022, falsificó más de 50 certificados de inscripción de defunción del Registro Civil", señaló el Fiscal Jefe de San Javier, Patricio Caroca.
En ese sentido, Caroca agregó que Morales "falsificaba las causas de muerte, la firma de una médico cirujano y luego de esto, realizaba los trámites para hacer la inscripción en el mencionado servicio".
Posteriormente, informa que, tras la indagatoria, la Fiscalía logró que la persona fuera formalizada y sometida a prisión preventiva. Fue condenada como autora de falsificación reiterada de documentos públicos e infracción.
Respecto de la investigación, el inspector Eliezer Salazar de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) San Javier, añadió que "detectives de esta unidad policial concurrieron a una funeraria de la comuna, ya que su propietario estaría emitiendo certificados de defunción sin estar facultado para ello".
"El momento de hacer ingreso, los oficiales policiales encontraron elementos asociados al delito por lo que se dio cuenta al fiscal de la causa, siendo detenido y puesto a disposición del tribunal", sostuvo.
Además, Morales deberá cancelar una multa de 25 Unidades Tributarias Mensuales, lo que corresponde a un monto aproximado de poco más de $1,5 millones.
